La Procuraduría General de la Nación a través de una acción de tutela solicitó no recibir más mujeres en la Cárcel Distrital de San Diego, hasta que sean resueltas las condiciones de hacinamiento y fallas de infraestructura que presenta actualmente ese centro penitenciario.
El Tribunal Judicial de Cartagena tuvo en cuenta los argumentos del Ministerio Público y tuteló los derechos de las mujeres, en conjunto con el personal administrativo y de guardias que laboran en el penal.
La medida incluye el traslado de la totalidad de las reclusas y la clausura del centro penitenciario toda vez que no es habitable, se encuentra en avanzado estado de deterioro y “no ofrece ninguna garantía (…) por el grado de vulnerabilidad en los riesgos locativos, riesgo eléctrico, riesgo biológico y riesgo psicológico”.
De igual manera, se ordenó a la Alcaldía Distrital de Cartagena, la Gobernación de Bolívar, la Alcaldía de Turbaco y al director de la cárcel, para que en coordinación con el Inpec y el Ministerio del Interior, restablezcan las condiciones de seguridad y presenten un plan de contingencia para la reconstrucción, reparación, o reestructuración carcelaria.
Con información de la Procuraduría General de la Nación.