La Fiscalía Anticorrupción española solicitó imputar (investigar) al banco BBVA por cohecho, revelación de secretos y corrupción por contratar a un exjefe policial para espiar a políticos, empresarios y periodistas.
El juez deberá ahora decidir si imputa a la entidad bancaria como persona jurídica en el caso en el que investiga el espionaje que encargó el BBVA al excomisario José Villarejo en 2004, cuando el grupo español de construcción e infraestructuras Sacyr lanzó un intento sin éxito para tomar el control del banco, algo que se prolongó hasta 2017.
La Fiscalía informó este miércoles de que esta petición se produjo después de analizar la documentación física y digital incautada en los registros realizados en noviembre de 2017, así como los documentos aportados por el propio BBVA, el segundo banco más importante de España y con una importante presencia en América.
Esa documentación acreditaría, dice el ministerio público, que los pagos “ilícitos” a Cenyt, una empresa de Villarejo, “afectaron a varias áreas sensibles del banco y a diversos ejecutivos de la entidad durante un prolongado período” y se produjeron cuando Villarejo estaba aún en activo en la Policía Nacional.
La Audiencia Nacional española investiga un posible caso de escuchas ilegales a empresarios, periodistas y antiguos miembros del Gobierno supuestamente efectuadas entre 2004 y 2005, en plena disputa por el control del BBVA, y cuyo contenido habría sido proporcionado a la entidad financiera por los autores del espionaje.
Según la investigación, la empresa de Villarejo habría espiado unas 15.000 llamadas telefónicas, por lo que cobró cinco millones de euros.
El banco ya reconoció que en junio de 2018 inició una investigación sobre la contratación y los servicios prestados por el Grupo Cenyt.
En la ronda de declaraciones sobre el caso, el juez y los fiscales del caso ya interrogaron a numerosos directivos del banco y a Villarejo, quien confirmó la existencia de contratos con el BBVA, pero negó que fueran para realizar “ningún tipo de espionaje”.
Esta investigación provocó en marzo pasado la renuncia de Francisco González como presidente honorífico del banco, ya que la investigación judicial afecta al período de su presidencia ejecutiva a un periodo de su presidencia efectiva (2000-2018). Madrid, 24 jul (EFE)
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