La pobreza energética apaga el desarrollo del país

Colombia atraviesa una emergencia que no admite más demoras discursivas. Según el reciente Informe de Pobreza Energética Multidimensional (IPEM 2025), el 20,6 % de los hogares colombianos —más de 3,7 millones de familias— vive en situación de pobreza energética. Y conviene decirlo con claridad: esto no es, ni de lejos, un asunto de desconexión por la ausencia de cableado o infraestructura. La pobreza energética va más allá. Es la imposibilidad de desarrollar capacidades esenciales por la ausencia de servicios energéticos seguros, asequibles y confiables. Es, en el fondo, una forma de exclusión estructural que el país ha normalizado durante demasiado tiempo.

Que un hogar carezca de electricidad o deba cocinar con combustibles contaminantes no es una cifra fría o menos visión arcaica y rezagada del presente, pues en un informe técnico se nombra como una condena silenciosa a enfermedades respiratorias, a accidentes evitables, a un aislamiento que le cierra las puertas a la salud, a la educación y a la productividad de miles de familias. El IPEM lo mide con rigor a través de tres variables:

1. Acceso a energía

2. Reparación de alimentos y vivienda funcional

3. Posibilidad de aprender y comunicarse

Los números, cuando se aterrizan, son alarmantes: más de 1,3 millones de hogares colombianos todavía cocinan con leña y casi 5 millones no tienen acceso a internet. Esa es la Colombia que muchos prefieren no mirar. Desconectada de la luz y las políticas públicas.

El panorama lejos de mejorar, se agrava. La pérdida de autosuficiencia y seguridad energética que atraviesa el país nos deja peligrosamente expuestos frente a la creciente intensidad del Fenómeno de El Niño. Por más que se promuevan medidas de ahorro, regiones como el Caribe ya sufren con dureza el impacto de las altas temperaturas, lo que dispara, de manera inevitable, la demanda y el consumo energético justo en los hogares más vulnerables. No se trata de un fenómeno pasajero, sino de un campanazo sobre lo que viene si el país no actúa con visión de Estado.

Por eso me permito insistir: la respuesta no puede reducirse a mitigar la coyuntura. Se requiere planeación de largo plazo y decisiones legislativas de fondo. Y como ante los problemas hay respuestas, radiqué un Proyecto de Ley orientado a la identificación e integración de Zonas de Desarrollo Energético (ZDE) en los instrumentos de ordenamiento territorial de las entidades, una iniciativa que busca dotar al país de herramientas concretas para garantizar la seguridad, suficiencia, confiabilidad y resiliencia del sistema energético nacional.

Garantizar el acceso universal a una energía de calidad no es una aspiración técnica o una utopía: es la base para construir equidad, fortalecer la economía regional y proteger la calidad de vida de los colombianos.

Finalmente, me valgo de la siguiente analogía para concluir: es necesario conectar a las familias con la energía, así como a las instituciones con las familias colombianas. Desde el Congreso de la República seguiremos impulsando las transformaciones legislativas necesarias para superar la pobreza energética y asegurar, de una vez por todas, la tan anhelada soberanía energética del país.