¡Pobre balance!

Podemos decir que durante este año, el primero de cuatro de la administración Petro, el sector Minero – Energético ha estado al garete, sin rumbo fijo. La mejor prueba de ello es que a estas alturas, no obstante que su mayor apuesta es la Transición energética justa, no se cuenta con su Hoja de ruta. Desde el Ministerio se han hecho muchos anuncios, que se han quedado en eso, en discursos para la galería, especialmente en los escenarios internacionales. Mucho ruido y pocas nueces!

De hecho no se ha avanzado en la concreción de los 2.400 MW en los proyectos de los parques eólicos asignados en subastas en 2019-2020, por falta de diligencia del gobierno nacional para remover los obstáculos que lo han impedido. Palabras, solo palabras. Como lo hemos afirmado, se ha venido acelerando en neutro la tal Transición energética justa.

Ello explica el retroceso que ha llevado a Colombia a rezagarse: según el último reporte del Foro económico mundial (FEM) Colombia perdió 10 posiciones en el Índice de desempeño de la Transición energética entre 2021 y 2023, pasando del puesto 29 al 39 y después de secundar a Chile, que era el Líder en Latinoamérica, Colombia ahora está de sexto.

Y, para rematar, con lo dispuesto en el Decreto 1276, expedido al amparo de la Emergencia económica y social declarada por el Presidente Petro, se da al traste con la seguridad jurídica que debe inspirar a la política pública al liberar a los generadores de energía eólicos, cuyos proyectos están atascados en La guajira, de sus obligaciones para con los comercializadores de energía, rompiendo de facto la relación contractual entre unos y otros, terciando en favor de los primeros y en detrimento de los segundos, que se verán precisados a salir a comprar la energía en Bolsa, en momentos en los que los precios están disparados a consecuencia del Niño. Y los usuarios finales serán los que pagarán los platos rotos, ya que esos mayores precios se traducirán al final del día en más altas tarifas en las facturas.

Con terquedad aragonesa la saliente Ministra de Minas y Energía Irene Vélez se mantuvo en sus trece y no dio su brazo a torcer, negándose sistemáticamente a la firma de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. Para justificar su obstinación, a finales del año pasado prefabricó, sirviéndose de la ANH como mampara, un supuesto balance de reservas en el cual sumando peras con manzanas(reservas probadas + reservas probables + reservas posibles y recursos contingentes y prospectivos), para ratificarse en su posición de que con los ya firmados bastaba y sobraba para espantar el fantasma de la importación de petróleo y gas.

Pero, del borrador de la Hoja de ruta de la Transición energética justa publicado para comentarios y sus proyecciones, basadas en el Informe de la ANH de la reducción de las reservas y el aumento previsto de la demanda se infiere como corolario que Colombia estará importando gas en el 2026 y petróleo en el 2028 (¡!). Así lo consideran Valora Analitik y expertos tan reconocidos como el profesor de la Universidad de los Andes Sergio Cabrales, sin embargo en dicho documento no se repara para nada en sus nefastas consecuencias tanto en la seguridad energética del país como en la balanza comercial, amén de su impacto en las finanzas públicas.

Este año se ha caracterizado por la imprevisión y la improvisación en el MME, empezando por la interinidad en varias de las dependencias claves del Ministerio tales como la dirección de la ANH, que ya completa 4 meses acéfala y la CREG en la que 4 de sus 6 expertos comisionados, en un hecho insólito, fueron designados en calidad de encargados, manteniendo su calidad de asesores del Despacho, lo cual, además del conflicto de competencias que ello significa, se lleva de calle el carácter autónomo de la CREG que le da la Ley. Hasta en el propio Despacho del Ministerio se manifiesta esta interinidad en la provisión de los Vice ministerios.

Situaciones tan críticas como el alza inusitada de las tarifas de energía especialmente en la región Caribe, han mostrado un Ministerio errático, pasando de la amenaza de asumir las funciones de la CREG y ahora que la controla no sabe qué hacer con ella. El rimbombante anuncio de la Ministra Irene de un “Pacto por la justicia tarifaria” dizque para rebajarlas le dejó un sinsabor a los defraudados usuarios porque desde entonces sólo han visto subir las tarifas y el costo de sus facturas.

El clima en el sector es de incertidumbre y desconfianza. Deja al sector minero en ascuas, al determinar en otro Decreto 1277 de emergencia que prácticamente la parálisis de la actividad minera en el país, excepción hecha de la extracción de minerales conocidos como críticos o estratégicos, sin los cuales no se puede dar la Transición, tales como el carbón metalúrgico o coquizable, el níquel y el cobre. Y, para rematar, se anunció la presentación de un proyecto de Ley minera que, según lo que ha trascendido, en lugar de estimular la actividad minera tiende más bien a proscribirla.

Con este pobre balance, este año pasará a la historia como el de la hostilidad en lugar de la concertación en el sector, en el que en el Ministerio se pasó, como dijo la Ministra Irene en su carta de renuncia, de responder por “un sector históricamente tecnocéntrico y patriarcal” a otro conducido por el activismo, primando la ideología sobre el rigor técnico, lo que llevó a la Ministra a desmantelar prácticamente el Ministerio.

[1] Ex ministro de Minas y Energía

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