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Piden política de regulación de transporte aéreo para proteger a viajeros entre Bogotá y Villavicencio

La Procuraduría General de la Nación interpuso ante el Tribunal Administrativo del Meta una acción popular contra la Aeronáutica Civil, Aerocivil, y Avianca, para proteger los derechos de los ciudadanos afectados por la falta de una política de regulación del transporte aéreo hacia los Llanos Orientales, ante el cierre que sufre la vía que une […]

Publicado por: Minuto30.com

Foto: @marcela_amayag.

Derrumbe en la vía al Llano, foto: @marcela_amayag.

La Procuraduría General de la Nación interpuso ante el Tribunal Administrativo del Meta una acción popular contra la Aeronáutica Civil, Aerocivil, y Avianca, para proteger los derechos de los ciudadanos afectados por la falta de una política de regulación del transporte aéreo hacia los Llanos Orientales, ante el cierre que sufre la vía que une al centro del país con Villavicencio.

Además, pidió declarar a los accionados como responsables de la violación y amenaza de los derechos colectivos de los consumidores y usuarios, la libre competencia económica y el acceso a los servicios públicos, su prestación eficiente y oportuna, solicitando al Tribunal que ordene la adopción de una solución, mediante la formulación e implementación de un plan integral de servicio aéreo que opere cuando la vía esté cerrada.

A juicio del órgano de control, esa solución deberá contemplar, por lo menos, el aumento de frecuencias de vuelos con pluralidad de prestadores del servicio en la ruta Bogotá – Villavicencio y viceversa, así como la regulación de las tarifas cobradas por las aerolíneas, fijando costos máximos razonables.

La Procuraduría también planteó como una medida cautelar de urgencia, que la Aerocivil fije una tarifa máxima razonable para los vuelos entre las dos ciudades, luego de verificar que el precio de los tiquetes de Avianca, única aerolínea que tiene autorización permanente de operación en esta temporada de afectación vial, se ha incrementado por encima del millón de pesos.

Para el Ministerio Público un comportamiento comercial en ese sentido, podría catalogarse como un abuso de la posición dominante o una práctica especuladora en un servicio público, que por las condiciones de acceso a la región se torna en esencial, pero que por su excesivo costo dificulta y en algunos casos hace inviable su uso.

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Redacción Minuto30

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