Presidente Petro se negó a aceptar el requerimiento hecho por la Procuraduría para suspender a un alcalde

En las últimas horas se conoció el texto que le envió el presidente Gustavo Petro a la procuradora Margarita Cabello, donde anuncia que no reemplazará a alcaldes y gobernadores que hayan sido suspendidos por la Procuraduría General de la Nación.

El Presidente Petro se negó a aceptar el requerimiento hecho por la Procuraduría para suspender a un alcalde, el texto llegó al despacho de Margarita Cabello el pasado 25 de julio.

La negativa de Gustavo Petro se dio luego de que el Ministerio Público requirió la suspensión del alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez, quien es investigado por supuestas irregularidades en el proceso de contratación en temas de acueducto y alcantarillado.

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El escrito tiene que ver con la decisión del pasado 23 de abril por parte del ente de control sobre la suspensión provisional por tres meses al alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez. Sin embargo, Petro decidió desconocer esta sanción del Ministerio Público.

“En mi condición de Presidente de la República de Colombia, suprema autoridad administrativa, obligado garante del orden jurídico constitucional y de los derechos y libertades de los colombianos, obediente de los compromisos y demás obligaciones internacionales del Estado colombiano en materia de derechos humanos y en cumplimiento de mis deberes ex officio sobre control de convencionalidad, emanados de los contenidos dogmáticos de la Convención ADH y fundado en los estándares convencionales que se han elaborado en los fallos de la Corte IDH 7, de manera cordial y respetuosa devuelvo a su señoría el requerimiento de la referencia contenido en la comunicación del 23 de junio de 2023, por medio de la cual la Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal solicita se dé aplicación inmediata a la medida cautelar de suspensión provisional por el término de tres (3) meses impuesta al señor José Ramiro Bermúdez Cotes como alcalde del Distrito de Riohacha, La Guajira, previa las siguientes consideraciones de orden constitucional y convencional de los derechos humanos”, se lee en la carta.

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