Foto EFE/Archivo

El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, destituido hoy del cargo por supuesta mala gestión e inhabilitado para ejercer cargos públicos por quince años, dijo que fue víctima de «un golpe de Estado» por sus políticas progresistas.

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«Le pido al mundo solidaridad. Estamos ante un golpe de Estado sobre el gobierno progresista en la ciudad de Bogotá», escribió en su cuenta de Twitter Petro, un exguerrillero del desmovilizado M-19 que fue elegido alcalde en 2011 como abanderado del movimiento Progresistas.

El alcalde también emitió una breve declaración en la que denunció la existencia en el país de una «justicia política» y pidió a la población tranquilidad ante la decisión del Ministerio Público que lo separó del cargo.

«Tenemos una justicia política. ¿Puede una autoridad administrativa que no es del poder judicial destituir a quien fue elegido por el voto popular?», se preguntó Petro tras conocer la decisión de la Procuraduría General (Ministerio Público), de destituirlo del cargo.

Según el procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, la decisión de destituir a Petro, de 53 años de edad, fue tomada porque se comprobó que el alcalde cometió una «falta disciplinaria gravísima» al entregar a la Empresa de Acueducto de Bogotá el sistema de recolección de basuras sin que esa entidad tuviera capacidad para hacerlo.

Esa medida, que durante diciembre de 2012 causó una crisis en el sistema de recolección de basuras de la capital colombiana, «puso en riesgo el medio ambiente y la salud humana de los habitantes de Bogotá», según el procurador.

En su declaración de hoy, Petro, quien en 2010 fue candidato presidencial, se preguntó además si las supuestas irregularidades que se atribuyen a su gestión son las de desprivatizar.

«¿Es decir que aquí se está mandando un mensaje al país, a todos los alcaldes, en el sentido de que recuperar el poder público es un crimen, un delito, o una irregularidad?», inquirió.

Petro, que asumió el 1 de enero de 2012 un mandato de cuatro años, calificó la inhabilitación de 15 años impuesta por la Procuraduría como «una condena perpetua» pues lo apartará de la política hasta que tenga 68 años.

El alcalde pidió a los habitantes de Bogotá «suprema tranquilidad», para que no haya «ni un acto de violencia», pero dijo que deben expresarse sobre la sentencia en su contra. Bogotá, 9 dic (EFE)

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Redacción Minuto30

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