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El trabajo investigativo de la Fiscalía General de la Nación puso al descubierto un entramado criminal que, entre abril y agosto de 2014 y por ello acusó a varias personas de corrupción.
Según los detalles de la investigación, presuntamente se direccionó seis fallos en favor de particulares que demandaron administrativamente a distintas entidades en Atlántico.
En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción acusó formalmente a la procuradora delegada Faicy L. M. por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho impropio.
Así mismo vinculó a la asesora del Tribunal Administrativo del Atlántico, María Milagros N. L., por cohecho impropio y cohecho propio.
En el mismo proceso también acusaron a los abogados Victoriano Apolinar S. N., Yenny B. T., Yina P. y Sindris María B. A. por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.
La investigación da cuenta de varios eventos en los que los procesados habrían intervenido.
Inicialmente, se conoció que los abogados, al parecer, le dieron 10 millones de pesos a un juez Administrativo de Barranquilla y otra suma a una juez de Sabanalarga a efectos de obtener una rápida y favorable decisión en un caso tramitado en esos juzgados.
De otra parte, se estableció que María Milagros proyectó una sentencia en la que el Tribunal Administrativo de Atlántico ordenó a la Policía Nacional indemnizar a un grupo de personas, decisión que fue avalada por la procuradora Faicy L. M.
Al parecer, en estas actuaciones medió la entrega de 12 millones de pesos repartidos entre las dos funcionarias.
En otro hecho, la servidora del tribunal presuntamente acordó que recibiría 20 millones de pesos para promover un fallo de segunda instancia que declarara responsable a la Policía Nacional por el posible actuar irregular de un uniformado que dejó varias personas afectadas.
Asimismo, se acreditó que la procuradora habría intercedido en el aplazamiento del reparto de una decisión de segunda instancia, de tal manera que el expediente llegara a un juzgado que beneficiara los intereses de varios recicladores, representados por los abogados acusados y que pedían no ser desalojados de un área de espacio público en la zona portuaria.
Finalmente, la procuradora y los abogados ofrecieron y entregaron dinero a un funcionario judicial encargado de proyectar y/o suscribir un fallo de primera instancia.
En ese se acreditó que conocieron la decisión anticipadamente como garantía de que saldría a su favor y así poder desembolsar la suma pactada.
Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.
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