Perder el juicio

Es apenas normal que quienes resultan derrotados al interior de una discusión procesal tengan algunas reflexiones sobre las garantías y la actuación de quien los ha juzgado. Común también que quienes han construido una carrera política al son del galimatías de que todos son corruptos, políticos e incorrectos son los otros, aunque en el gobierno hagan exactamente lo mismo con mejoras en la cosmética, digan, para ser consecuentes, que quienes los sancionan son precisamente lo que ellos dicen no ser, corruptos y todas esas cosas feas que ellos no representan.

El fallo que se confirmó la semana pasada sobre hidroituango que declara responsables fiscalmente a la plana mayor los políticos y empresarios que han gobernado la ciudad y el departamento, declara, que no por corrupción sino por ineficiencia – culpa grave – el erario se vio afectado en 4,3 billones que deben ser recuperados. En lo atinente a la responsabilidad fiscal, realmente no esta en el centro de la discusión quien es más responsable sino la vía para recuperar lo que perdimos todos.

Sobre esa lógica, el escenario de defensa debería esta enfocado más que a las reflexiones sobre las conductas y filiación de quien juzga a los efectos y responsabilidades en el daño patrimonial al Estado. Nadie ha dicho, que el daño patrimonial no existe, tampoco puede decirse que provenga de la mera naturaleza pues es evidente que los daños provienen, precisamente, de la intervención sobre la naturaleza. Lo único dicho al respecto es que deben ser las aseguradoras las que asuman el daño, pero ya tendrán la oportunidad los vinculados de llamar en garantía a quien deba pagar y si esos valores asegurados corresponden con el alcance del daño.

Lo delirante es que quienes han querido convertir en adjetivo “político” en un insulto acudan a una defensa tan pobre argumentativamente hablando, se han presentado, como lo ha hecho cada político ante cualquier acusación cierta o falsa en la historia de la sociedad occidental que la sanción corresponde a una persecución política de sus opositores que quieren truncar una prometedora carrera política, entonces ¿El daño patrimonial al Estado no existe? ¿La no entrada en operación en el tiempo estipulado no genera daños? ¿Por qué es grave cambiar los contratistas es demorarse más tiempo, pero una condena fiscal por lo mismo es sencillamente una persecución política? Son preguntas que no parecen estar dispuestos a contestar los perseguidos.

Sin más estrategias defensivas, los perseguidos parecen haber perdido no solo al interior del proceso sino también cualquier racionalidad, aprovechando la polisemia del concepto no parece que ese fallo solo haya determinado su responsabilidad fiscal, sino que también detonó en ellos un delirio muy particular, de persecución y narcisismo que sin respetar las instituciones que pretenden gobernar piensan que estas actúan mal solo cuando la responsabilidad sale en su contra. No puede uno reconocer la legitimidad del estado y objetar de conciencia solo las decisiones que le resultan contrarias. Perdieron el juicio.