¿Para dónde vamos y por qué, estamos como estamos?

La transformación social y política que está sufriendo de manera silenciosa y peligrosa la sociedad colombiana con el empoderamiento que ha tenido la izquierda en los últimos seis años de nuestra historia y su incidencia en todos los estamentos de la nación, sin duda y sin que nos hubiésemos dado cuenta, está marcando unos lineamientos y un destino muy complejo para Colombia y para sus ciudadanos.

El Proceso de Paz propuesto por Juan Manuel Santos, que fue negado en las urnas por la mayoría en el plebiscito con el NO y cuya derrota fue aceptada públicamente por su proponente, sufrió un grave e inusitado cambio y transformación, después de que su resultado adverso para el gobierno, empezó a ser negociado inconsulta e inexplicablemente por Álvaro Uribe Vélez y su grupo político opositor al proceso, conformado entre otros por el actual Presidente Duque, su Vicepresidenta, el ex procurador Ordoñez, varios miembros de la bancada del Centro Democrático, precandidatos presidenciales y algunos actuales embajadores.

En un hecho sin precedentes, de la mayor gravedad, reprochable, inaceptable y condenable desde todo punto de vista y en razón a que no existe nada ni nadie que esté por encima de la voluntad popular expresada en las urnas en una democracia, se desconoce de manera grave su resultado y su mandato, proponiendo un acuerdo con algunos cambios en varios de los puntos del documento inicial y sin tener ningún tipo de autoridad para hacerlo.

Además, esa inexplicable actuación, se realiza después de obtener el triunfo del NO que era lo que se deseaba y se quería por parte de los proponentes del acuerdo y por la mayoría de colombianos que votaron NO. En vez de defender el triunfo del NO, que tampoco era necesario porque en las votaciones democráticas se gana con el 50% más un voto, le pidieron audiencia a Juan Manuel Santos con listado en mano de los cambios que se deseaban, cuya propuesta ni corto ni perezoso fue aceptada por Santos con la sagacidad que lo característica, para posteriormente ser presentada al Congreso de la República con algunas adiciones a donde bajo inescrupulosas tácticas politiqueras y mermelada, el proyecto del Proceso de Paz es aprobado por las mayorías, para posteriormente ser parte de nuestra constitución con todas sus grotescas anomalías para cambiar y partir en dos por desgracia, la historia republicana de nuestro país.

Este grave acontecimiento que vulnero la voluntad popular, transformo el estado de derecho y la institucionalidad de nuestra nación y desde entonces todo lo inaceptable, inconstitucional e improcedente, se ha hecho realidad en nuestro país bajo la mirada impotente de la ciudadanía y de la gente de bien.

La implementación de ese Proceso de Paz ha logrado que, sin un solo voto, las Farc tengan 10 escaños en el Congreso de la Republica, con 5 curules en el Senado y 5 en la Cámara de Representantes, con un gran logro adicional y es la segunda vicepresidencia en el senado. Hasta ahí todo suena como parte de un proceso democrático de incorporación a la vida civil y política de un grupo insurgente, sin tener en cuenta el agravante judicial de que los hoy honorables parlamentarios, otrora, cometieron crímenes de lesa humanidad imperdonables y que sin pagar un solo día de cárcel y sin ser juzgados por sus delitos, ya hacen las leyes que regirán los destinos de nuestra nación, sentando un pésimo precedente ético y moral para nuestra sociedad.

La encargada de Juzgarlos es otra entidad creada por el Proceso que es la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), que después de ya tres años de funcionamiento y con un presupuesto anual que sobrepasa los 200.000 mil millones, no ha logrado la primera condena, vanagloriándose y haciendo gala de la impunidad inaceptable de sus enjuiciados.

Como si esto fuera poco más de la mitad de los miembros de Farc que se sometieron al proceso hoy se declararon disidentes y muchos de ellos continúan devengando el sueldo que se les asigno por parte del estado. Argumentan incumplimiento del gobierno y el gobierno de ellos, cosa que también era previsible porque presupuestalmente la imposibilidad de su ejecución siempre fue evidente. Estos disidentes volvieron a la actividad económica que los hizo poderosos en el narcotráfico y con la creación de nuevos frentes al margen de la ley y en asocio de otros grupos insurgentes como el ELN y otras bandas criminales, ya son nuevamente los dueños y señores de los departamentos de Nariño, Putumayo, Choco, Caquetá, Cauca, Norte de Santander y Arauca, a donde el gobierno, es preciso decirlo no hace presencia. En esos departamentos ellos son la Ley y el Orden.

Además de este parte de fracaso anunciado, la otra gran damnificada por el proceso de Paz ha sido nuestra biodiversidad con más de 200.000 hectáreas deforestadas de bosques cultivadas en coca, cuyo crecimiento sostenido ha sido la base de la criminalidad indiscriminada e indiscutible que a diario se vive en esas regiones.

Después de que la Corte Constitucional en el año 2015 y por requerimiento de la globalista Organización Mundial de la Salud, prohíbe la aspersión con glifosato por posibles riesgos cancerígenos del herbicida, la batalla para la erradicación de la coca se viene perdiendo para favorecer únicamente los intereses económicos de los narcotraficantes, bajo la complicidad subjudice del acatamiento que hace el actual gobierno de Duque sobre la absurda sentencia y en espera de poder reanudarla bajo los parámetros inaceptables que dicta el punto cuarto del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Acto Legislativo 02 de 2017) y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos.

A este adverso panorama que ha quebrado la viabilidad de nuestro desarrollo y la ya arraigada problemática que vive el país por varios sindicatos como Fecode y otros muchos, junto con el empoderamiento que ha tenido la izquierda elegida en varios lugares del país, se suma la agenda globalista que viene implementado el gobierno del Presidente Iván Duque con las políticas de endeudamiento de la banca multilateral y la imposición de las medidas de los organismos multilaterales, que sumadas al manejo con claro sesgo politizado de la rama judicial, es necesario decir y concretar sin pelos en la lengua, que Colombia y sus ciudadanos estamos siendo sometidos a un ataque indiscriminado de socialismo, narcotráfico y globalismo en su mayor expresión, que debemos advertir, dar a conocer y sobre todo combatir de forma decidida desde ya al unísono, para impedir que nuestro país sea un estado fallido en el corto plazo.

Solo un gran candidato único para la presidencia 2.022-2.026, con gran autoridad moral y ética, que libre una batalla decidida por una ley robusta y fortalecida, con el orden como premisa y que vele por el bien común como política fundamental, enfrentado a toda la izquierda en sus diferentes gamas en las próximas elecciones presidenciales, nos puede librar de esta batalla soterrada que nos ha declarado la izquierda.

Si llegamos divididos a esa contienda con seguridad todo ese flagelo nos carcomerá y ya será tarde. Fácilmente seremos otra Venezuela.

@politicapuntual