¡Otro ‘encontrón’! A Claudia López no le gustaron ni poquito los protocolos del Gobierno para las protestas, pidió revisión

En las últimas horas se conoció que la alcaldesa de Bogotá se opuso al protocolo propuesto por el Gobierno para las protestas en Colombia y reclamó por varias medidas que considera arbitrarias y estigmatizantes hacia la protesta.

Según medios nacionales, la mandataria de la capital del país se opuso a la propuesta del Gobierno de impedir que quienes marchen usen capuchas, ya que considera que el Estado no puede ordenar qué prendas pueden usar los ciudadanos en la calle.

Adicionalmente se opuso a la propuesta de póliza que el Gobierno pretende que adquieran los manifestantes para cubrir daños que se ocasiones durante las marchas, considerando que eso es una limitación de la protesta social.

Tras esto, planteó que otro de los puntos polémicos es la idea de quitarle facultades a los alcaldes para que la Policía actúe bajo sus propios criterios, sin seguir órdenes de los mandatarios locales.

Ante esta seguidilla de puntos en los que no hay acuerdo por parte de Claudia López y el Gobierno, en una mesa creada para concretar el protocolo para las marcas, se pidió  una prórroga y una «aclaración de las soluciones de corto, mediano y largo plazo» que la magistrada Nelly Yolanda Villamizar del Tribunal de Cundinamarca solicitó.

La prórroga se solicitó, según López, para crear un protocolo consistente entre la orden impartida desde el Tribunal de Cundinamarca y el estatuto que ha solicitado la Corte Suprema de Justicia, que se debe expedir el 21 de noviembre de 2020.

«El primer proyecto de estatuto propuesto por el Gobierno Nacional presenta varias de sus disposiciones como inconstitucionales al: 1) establecer prohibiciones y limitaciones a derechos fundamentales que son de órbita y ley estatutaria y no pueden regularse a través de resoluciones o decretos, 2) establecer limitaciones a las facultades que por ley y constitución se le ha entregado a los entes territoriales y 3) presentar serias ambigüedades frente al uso, proporcionalidad y gradualidad del uso de la fuerza y no establecer controles para el uso de la fuerza pública», detalló la Alcaldía de Bogotá.

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