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Opinión

Opiniones peligrosas

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Juan CARLOS Valderrama Opiniones peligrosas

Juan CARLOS Valderrama Opiniones peligrosas

Se han ejecutado “todas las formas de lucha” en el proceso casi perfecto para desprestigiar la minería y el desarrollo del país a través del aprovechamiento de nuestros recursos naturales. Tengo que decirlo y reconocerlo públicamente, es admirable la manera en que movilizan conciencias, estructuran miedos infundados calcados de las mejores películas de ficción, se aprovechan del desconocimiento generalizado de la población en materia técnica y ambiental, asechando cómo aves de rapiña sobre el cadáver de las oportunidades para el crecimiento de nuestro país.

Es una inigualable estrategia supuestamente en “defensa de los derechos ambientales” donde no existen proyectos diferentes a la desinformación y generación de divisiones sociales donde la expresión “NO A LA MINERÍA SI AL AGUA” tiene buen público, es taquillera y acogida, más cuando se promulga destrucción, crimen y prostitución en un lugar del país donde la fe católica tiene hermosa sede y poderoso fervor en todos los antioqueños.

Opinar sobre el proyecto minero en Jericó se está volviendo peligroso, pues el fanatismo antiminero, carcome los argumentos, insulta lo técnico y amenaza a cualquier ciudadano que piense diferente y esté a favor de una explotación lícita y responsable. La discusión pasó de estar o no de acuerdo con la minería, a un odio visceral sin sentido, incluso al punto de amenazar y agredir empleados de la compañía titular minera, rechazándolos como si tuvieran una contagiosa enfermedad terminal, olvidando que son vecinos y amigos que ven el mundo diferente al terraplanismo ambientalista que nos quieren obligar a creer, más allá de la ingeniería y posibilidades del desarrollo sostenible.

Jericó más allá de sus hermosas calles y mágicos momentos para el turismo, es un municipio que está sumido en la pobreza y la miseria de jornales insuficientes para la dignidad humana y al parecer algunos concejales y alcalde, basan sus pocos o nulos logros económicos y sociales, en tratar de destruir una industria legal, que genera empleo de calidad y oportunidades para el desarrollo de las nuevas generaciones en Antioquia.

Quisiera cualquier ciudadano que el mismo empeño y tiempo empleado en destruir una exploración minera legal, con pólizas minero-ambientales y una inversión superior al presupuesto del municipio en 10 años, lo utilizaran para desterrar el creciente índice de prostitución, drogadicción y nulas oportunidades para la educación superior de sus jóvenes.

La opinión pública, en la misma intensidad que han criticado el proyecto de Quebradona, sin leer una sola línea del Estudio de Impacto de Ambiental, deberían de leer y comunicar los resultados del Convenio de Asociación 163 de 2018, en el cual la Universidad Eafit, evidenció la realidad Jericó más allá del turismo y el comercio del municipio.

Allá, en la parte rural, donde no se encuentra la concentración de la opinión, más del 34% de la población, tiene necesidades totalmente insatisfechas con un índice de miseria que debería dar vergüenza a cualquier gobernante que exclusivamente dedicó sus días a un problema del cual carece de competencia constitucional, así continúe en la pataleta de quienes no escuchan consejos jurídicos y ven en el oportunismo político, la posibilidad de la vigencia, sin pensar en el hallazgo irrefutable de más del 77% de las veredas de Jericó, en condiciones de muy alta pobreza. Los datos no mienten, el turismo no alcanza para todos, el café no alcanza para todos y la miseria no da espera a las posibilidades del desarrollo para quienes tienen que padecer el hambre, más allá de la discusión de escritorio donde se suponen afectaciones ambientales de imposible ocurrencia.

Hablar desde la comodidad de un computador del poncho y el carriel a cambio del casco y las botas es muy fácil con el estomago lleno, sin embargo, en el campo donde rara vez se consigue el jornal por menos de 10 dólares, la necesidad de un proyecto serio con contratos laborales y seguridad social, se hace más urgente y necesario, pues otro dato importante para esta discusión es que solamente el 32% de la población, tiene la posibilidad hoy de tener empleo, y de estos el 94% corresponden a salarios mínimos y aún así insisten en prohibir la minería legal y responsable.

El Acuerdo 010 de 2018 emitido por el Concejo de Jericó y apoyado por su alcalde, es una burla a la inteligencia humana, un abuso a la capacidad de respuesta del Estado y un desgaste innecesario, inoficioso y descarado de la justicia, lo que demuestra una vez más que muchos actores de la antiminería y antitodo, no saben acatar decisiones judiciales diferentes a todas aquellas que los pueden favorecer.

Ya la justicia se había pronunciado sobre el anterior acuerdo que prohibió la minería, sin embargo, la insistencia en hacer el ridículo jurídico hoy le quiere pasar factura a la legalidad de poder continuar explorando el subsuelo, lo cual es totalmente lícito y posible, en un país donde la minería es utilidad pública para todos los ciudadanos, estemos o no de acuerdo con la explotación minera.

Es lamentable que se lancen opiniones sin ningún criterio técnico, con el atrevimiento de las afirmaciones de un país desolado por la “megaminería” cuando jamás, ni en sus sueños, ni siquiera en Discovery channel, visitaron una mina legal. Aún sigue el imaginario popular de las caricaturas, o aún peor, confunden minería con extracción criminal.

En lo cotidiano de los insultos algo está claro, la defensa del sector minero tiene pocos aliados, muchos enemigos, poca popularidad y muchos argumentos por los que vale la pena continuar pensando en un país con empleo, desarrollo y regalías. Opinar a favor del sector minero será una opinión peligrosa, pero a la final lo técnico prevalecerá.

@Juancaval

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