Operación nacional contra la corrupción: cayeron servidores públicos, contratistas y particulares

En el marco de operaciones contra la corrupción, fueron ocupados por la Fiscalía 184 bienes avaluados en más de $69 mil millones que al parecer fueron adquiridos con dineros públicos.

Fueron ocho fiscales de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, adscrita a la seccional delegada para las Finanzas Criminales, con apoyo del CTI y el Ejército Nacional, los encargados de llevar a cabo las diligencias practicadas simultáneamente la última semana.

Fueron 137 inmuebles, una sociedad, tres establecimientos de comercio, 38 vehículos y cinco cuentas bancarias.

Los activos se encuentran ubicados en Bogotá (Cundinamarca), Santa Marta y Gaira (Magdalena), Quibdó (Chocó), Neiva (Huila), Cartagena (Bolívar), Tunja (Boyacá), Restrepo y Villavicencio (Meta), Pasto y Tumaco (Nariño), Bucaramanga y Barrancabermeja (Santander), Melgar (Tolima), Cali (Valle del Cauca), Valledupar y San Marcos (Cesar), Maicao y Fonseca (Guajira); Ricaurte, Funza, La Calera, Chía y Cajicá (Cundinamarca); Sabaneta, Bello y Rionegro (Antioquia); y Soledad, Juan de Acosta y Barranquilla (Atlántico).

Todas estas propiedades fueron realizadas bajo el argumento que habrían sido adquiridos con dineros percibidos por actos de corrupción o desviación de recursos de la salud, pensiones, educación y Plan de Alimentación Escolar -PAE-, entre otros sectores.

“Estas acciones estuvieron dirigidas a afectar el patrimonio de servidores públicos, contratistas, particulares; que estuvieron involucrados en irregularidades de todo tipo afectando el derecho a la salud de los colombianos, el derecho a la educación de los colombianos”, señaló el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado al pronunciarse sobre el tema.

Entre los casos más destacados se encuentra: SaludCoop, el ‘Carrusel de Pensiones’ sobre el escándalo de Cajanal y Colpensiones, en los que varias personas fueron beneficiadas con el pago jubilaciones y ajustes en las mesadas pensionales sin cumplir los requisitos de ley; bienes adquiridos con dineros producto de diversas irregularidades en contratación y ejecución de los Plan de Alimentación Escolar -PAE- en diferentes lugares del país.

El caso de la Universidad Tecnológica del Chocó, donde un contratista y un interventor, son procesados por presuntas irregularidades en contratos para la construcción de una sede; el Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá, donde uno de los contratistas estaría involucrado en las demoras y actos ilícitos en la construcción del comando.

Por último, el ‘Quirófano’, donde la Fiscalía impuso medidas a varios bienes asociados a una red delincuencial que se concertó para manipular decisiones administrativas y favorecer a varias entidades e institutos prestadores de salud.

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— Minuto30.com (@minuto30com) September 29, 2022