Omitir información es mentir

El país que recibió el actual Presidente Iván Duque Márquez, es un mar de confusión, corrupción, desgreño administrativo y lo peor, conformismo y hasta alabanzas compradas a muchos medios de comunicación por los galones de mermelada que aún hoy, un año después, los llevan al añoranza de una situación envilecedora de los principios éticos del ejercicio del periodismo, pero que ellos en su miopía la han considerado como la edad de oro del negocio periodístico.

Es posible que los mayores de 40 años, que no hacen parte de las generaciones que ahora irrumpen en el ámbito laboral, electoral, empresarial y decisivo de la marcha del país, recuerden como el pueblo colombiano vivía en la zozobra debido a la violencia del narcoterrorismo proveniente de diferentes grupos delincuenciales que se disputaban el negocio del narcotráfico.

Los carteles de Cali y Medellín se enfrentaban en una lucha a muerte, financiaban asesinatos de personas incómodas para sus intereses, ponían toque de queda para los jóvenes, apoyaban tomas como la del palacio de Justicia por parte de muchos de los que ahora quieren aparecer como faros morales y paradigmas de la transparencia, movimientos violentos que se transformaron por arte de birlibirloque en partidos políticos que ahora se apropian el nombre de colores y, el más reciente que no cambió su nombre para así, con un cinismo extremo, recordarle al pueblo que siguen siendo, como se ha demostrado por la actuación de muchos de ellos, una fuente de violencia extrema que en cualquier momento puede retomar las armas.

En el año 2002 el estado decidió enfrentar con seriedad este tipo de grupos; con la seguridad democrática disolvió los grupos de autodefensas que se habían conformado para defender campos y pequeños poblados del accionar de los mal llamados grupos guerrilleros también muy menguados en ese periodo pero que infortunadamente no fueron neutralizados en su totalidad como lo advirtió Uribe al decir que la culebra seguía viva. Débil si pero viva.

En el 2010 llegó un fulano de cuyo nombre no me gusta acordarme a ejercer la presidencia y en dos meses acabó con lo que se había avanzado en 8 años y decidió entregar el país a los desalmados terroristas.

Como había que crear el ambiente propicio para que el poder cayese en manos de sus compinches, se dedicó a convertir las instituciones en unas entidades cuya credibilidad se hundiese hasta lo más profundo del desprestigio y es así como incrementó los mecanismos de corrupción de los diversos poderes incluido el llamado cuarto poder: las comunicaciones.

La mermelada se regó a manos llenas en el congreso, la justicia, los medios; para conseguir fondos para ello el ejecutivo se empezó desviar para favorecer con contratos comprados a multinacionales como Odebrecth y dicen las malas lenguas que algunos cementeros se vieron involucrados, eso sin contar aquellos beneficiados con lo de reficar y la venta de ISAGEN.

El hecho es que ese maremágnum fue recibido por un ser honesto, trabajador e inteligente que se ha dedicado en este año escaso de gobierno a desenredar esa madeja y ha empezado a generar noticias que infortunadamente los medios han querido omitir por aquello de la no mermelada.

El acuerdo de punto final para empezar a solucionar las grandes dificultades que afronta el sector de la salud, no solamente la ha faltado la divulgación respectiva sino que se han dado casos de tergiversación y banalización por parte de comunicadores o imitadores con pasados muy opacos, que viajan en trenes que al paso que van se descarrilarán muy pronto. Esta también es una manera de mentir.

Lo mismo sucede con el descalabro de la ruta del sol, obra que independiente de la manera corrupta con la que se adjudicó, es necesaria para la nación y por ende se deben buscar las soluciones para su conclusión. Como sabemos algo se avanzó en las obras, esto tiene costos y recursos invertidos, es una concesión que destinó dinero para ello y si se da la caducidad del contrato es menester reconocer el valor de esas inversiones. El consorcio requirió créditos con entidades bancarias para ello y lo que está proponiendo el gobierno es pagar esos préstamos equivalentes al valor de las obras realizadas. Con eso se pagan anticipadamente esos dineros que se debieron recaudar por el concesionario por medio de los peajes y los ingresos resultantes del negocio de la concesión.

Hay que desenredar y clarificar el proceso para proceder a una nueva licitación y encontrar un cencesionario que termine lo que empezó mal. Nadie en su sano juicio aceptaría continuar un contrato de esta envergadura si no hay suficiente claridad sobre las circunstancias actuales del estado del proyecto y en especial aquellos aspectos financieros que pueden reventar con el transcurso del tiempo y llevar a situaciones muy riesgosas para el nuevo concesionario.