Nuevas capturas en Valledupar, Barranquilla y Santa Marta por millonario fraude pensional

Foto: Archivo

Personal de policía judicial de la Fiscalía hizo efectivas seis órdenes de captura en Valledupar, Barranquilla  y Santa Marta,  contra presuntos integrantes de una organización que, con la supuesta expedición de certificaciones médicas falsas y trámites ante Colpensiones y algunos fondos privados, lograron que empleados de tres multinacionales mineras obtuvieran niveles de incapacidad física o psiquiátrica superiores al 50%, lo que les permitió jubilarse.

Los cuatro detenidos en la capital del Atlántico son: Mario Alberto Alarcón Pabón, abogado y presunto tramitador de la estructura delincuencial;  Rolando José Vargas Russo, médico fisiatra; Patricio Antonio García de Caro, médico psiquiatra, y Sandra Patricia González Atencio, presunta tramitadora.

Entre tanto, en la capital del Magdalena fue aprehendido Alberto Manjarrez Álvarez, trabajador de multinacional y presunto tramitador. Mientras que en Valledupar capturaron a María Carolina Ovalle García, estudiante de décimo semestre de derecho y presunta tramitador.

Según la Fiscalía, los detenidos que cumplían diversos roles y estarían estrechamente ligadas a otros 12 capturados hace apenas 40 días serán presentados ante un juez de control de garantías en la capital del Cesar.

Un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la seccional les imputará los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer y fraude a resolución judicial.

“En las diligencias, los investigadores recaudaron importante material probatorio que permitirá individualizar a funcionarios y otros presuntos involucrados en esta modalidad de defraudación al sistema de pensiones que podría superar los $90.000’000.000”, indicó la Fiscalía.

De acuerdo a testimonios, controles técnicos a comunicaciones, inspecciones, agentes encubiertos, entre otras técnicas investigativas avaladas judicialmente, la Fiscalía constató que varios empleados con limitaciones físicas leves, al parecer, contactaron a los señalados integrantes de esta estructura para que intervinieran y lograran que la Junta Regional de Calificación de Colpensiones en Cesar, les certificara un elevado porcentaje de pérdida de la capacidad laboral por enfermedad psiquiátrica o una patología general permanente.