Distintos medios han informado que a raíz de la vinculación este martes del general Freddy Padilla de León, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, al proceso investigativo de Ecuador por el ataque al campamento de Raúl Reyes en ese país, el Gobierno iba a emitir una nueva nota.

Fuentes de la Cancillería dijeron que dicha información no era cierta.

La primera comunicación diplomática, hace dos semanas, estuvo motivada en el proceso que lleva un juez de la provincia de Sucumbíos, a raíz del operativo militar en el que murió ‘Raúl Reyes’.

Fuentes de la Cancillería le confirmaron a eltiempo.com que hace dos semanas el gobierno colombiano le envió una nota diplomática a Ecuador en la que le manifestó su posición sobre la investigación a funcionarios nacionales por la operación militar del primero de marzo del 2008.

La nota fija la posición de Colombia en el sentido de considerar que tal hecho fue una acción de Estado y que en ella no caben las responsabilidades individuales.

Un juez de la provincia de Sucumbíos abrió un juicio penal por el operativo militar y vinculó, entre otros, al ex ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, Presidente electo de Colombia.

El primero de marzo del 2008, en territorio ecuatoriano, fue bombardeado el campamento de ‘Raúl Reyes’, segundo hombre de las FARC.

El hecho produjo el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países, las cuales se encuentran en proceso de restablecimiento.

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Luego de que un juez de Sucumbíos en Ecuador, volvió a vincular al General Freddy Padilla al proceso judicial que adelanta por el caso donde fue abatido el subversivo alias ‘Raúl Reyes’, el Gobierno volvió a enviar una nota diplomática para aclarar que la acción hace parte de una decisión de Estado y no de un particular.

Esta reacción del Gobierno colombiano se genera horas después del enérgico rechazo del presidente Álvaro Uribe en el que señaló que se emprenderá una férrea defensa para librar al Comandante de las FF.MM. de el proceso jurídico que adelanta Ecuador. «Nosotros de corazón queremos el restablecimiento pleno de las relaciones con el Ecuador, pero nosotros no podemos, en nombre de una diplomacia meliflua y babosa, dejar desamparado al general Freddy Padilla de León».

«Es inexplicable que la hermana República de Ecuador, a través de su administración de justicia, insista en vincular a nuestros ministros y Altos Mandos como delincuentes, cuando ellos lo que han hecho es realizar una tarea heroica contra el terrorismo.
¿Entonces quién es el delincuente: ‘Reyes’ o el general Freddy Padilla de León?», puntualizó Uribe.

Carlos Jiménez, fiscal de la provincia amazónica de Sucumbíos, solicitó al juez Daniel Méndez, de la misma jurisdicción, la vinculación de Padilla, «por cuanto se recabaron indicios, elementos que hacen presumir su presunta participación» en la llamada «operación Fénix».

Padilla ya fue imputado en esa investigación, pero en febrero pasado, otro juez de Sucumbíos, Francisco Revelo, se abstuvo de continuar con el juicio, por asuntos de procedimiento, aunque en mayo, Méndez reavivó el juicio con la imputación del presidente electo de Colombia, Juan Manuel Santos.

Santos, que fue ministro de Defensa en marzo de 2008, ha sido vinculado por su supuesta participación «intelectual» en el bombardeo en Angostura, donde fallecieron unas 26 personas, entre ellas el ex «numero dos» de las Farc, alias ‘Raúl Reyes’, el ecuatoriano Franklin Aisalla y cuatro universitarios mexicanos.

El fiscal Jiménez confirmó que «sólo los dos», Santos y Padilla, «por el momento», están vinculados en el proceso y, por lo tanto, llamados a presentar sus testimonios.

«Este tipo de procedimientos se hace a través de Asistencia Penal Internacional, se remite a través de la Fiscalía general del Estado a sus similares en Colombia para que, a su vez, los requiera para el cumplimiento de estas diligencias», añadió Jiménez.

La comparecencia ante las autoridades judiciales de Sucumbíos «queda ya a criterio de los señores» imputados, comentó Jiménez, tras enfatizar en que «la Fiscalía lo que hace es viabilizar, notificar para el cumplimiento de estas diligencias», que se ordenan en el marco de un proceso penal.

El ataque colombiano en Angostura, ejecutado sin aviso ni con el consentimiento de Ecuador, derivó también en la ruptura de relaciones diplomáticas, aunque Quito y Bogotá adelantan un proceso de diálogo directo para intentar recomponer plenamente sus lazos.

De momento, los dos países han designado a sus respectivos encargados de negocios y agregados militares, y han ratificado al voluntad política de continuar las conversaciones.

De su lado, el Gobierno colombiano ha remarcado su posición de desconocer la extraterritorialidad de la justicia ecuatoriana y ha rechazado la imputación de Santos y Padilla.

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Redacción Minuto30

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