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Niños en Amazonas se habrían alimentado con huevos de casi mil pesos: Contraloría

Niños en Amazonas se habrían alimentado con huevos de casi mil pesos: Contraloría

Niños en Amazonas se habrían alimentado con huevos de casi mil pesos: Contraloría

Minuto30.com-. La Contraloría General de la República encontró hallazgos fiscales que presuntamente involucran al suspendido gobernador del Amazonas, Manuel Antonio Carebilla Cuéllar; a su secretaria de Educación, Betsy Mireya Londoño, y a la contratista Dora Liliana Cuéllar Cuéllar, por un contrato de alimentación para estudiantes de internados de Leticia y Puerto Nariño donde se detectaron sobrecostos superiores a los $297 millones, que incluyen el pago de $900 por unidad de huevo de gallina.

También hubo sobrecostos del 200% en la compra de pasta para sopa (por 500 gramos), que se consigue en $1.460 en el mercado y se pagó a $5.050.

«Continúan así las graves irregularidades evidenciadas por la Contraloría General de la República en contratos de alimentación escolar. En esta oportunidad los hallazgos señalados se evidenciaron en Leticia (Amazonas), confirmando que se trata de una problemática que afecta a todo el país», indicó el organismo de control a través de un comunicado.

Gracias a las denuncias ciudadanas recibidas, la Gerencia Departamental de la Contraloría en el Amazonas auditó el Contrato No. 0216 de 2016, suscrito por el suspendido gobernador Carebilla Cuéllar con Dora Liliana Cuéllar Cuéllar para el suministro de víveres a los estudiantes internados en las instituciones educativas ubicadas en los sectores de los ríos Amazonas, Putumayo y Caquetá.

La contratista Cuéllar Cuéllar habría sido seleccionada bajo la modalidad de Único Oferente, para un contrato suscrito por un plazo inicial de seis meses, sujeto al calendario escolar, y por una cuantía de más de tres mil 340 millones de pesos, de la vigencia fiscal 2016, añadió la Contraloría.

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El contrato tenía por objeto el «suministro de víveres para los internados de los sectores ubicados en los ríos Amazonas, Putumayo y Caquetá, a cargo de la Secretaría de Educación Departamental», instituciones educativas que funcionan bajo la modalidad de internado, por lo que la Contraloría le dio prioridad a la verificación de la correcta inversión de estos recursos.

Sobrecostos injustificados

La Contraloría logró establecer la existencia de graves irregularidades en la estructuración de los estudios y documentos previos que sirvieron de base para el cálculo del valor del contrato, y que dieron lugar al pago de sobrecostos en varios de los ítems contratados, indicó el organismo controlador.

Añadió que para el suministro del Internado de Tarapacá, por ejemplo, se pactó el pago de $900 por unidad de huevo de gallina rojo, cuando en los supermercados de la región se consigue la unidad en $425, y hasta en menos ($350), si se tiene en cuenta que el distribuidor no compra por unidad, sino al por mayor. Los sobrecostos, en solo huevos, fueron de más del 55%.

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En una de las Instituciones Educativas se compraron seis mil huevos, afirmó la Contraloría.

La panela en caja por 40 unidades, que a precios de mercado se consigue en la región en 38 mil pesos, la compró el gobernador a Cuéllar en 65.200 pesos, lo que representa un sobrecosto de por lo menos el 50%, afirmó la Contraloría.

El kilo de zanahoria, que en los mercados del Amazonas se consigue en $4.400, se compró a $7.525, con igual sobreprecio del 50%. La avena molida por 250 gramos, con un costo de $1.930, se pagó a $4.425 (más del 100% de sobrecosto). La pasta para sopa por 500 gramos, con un precio de $1.460 en el mercado, se pagó a $5.050 (más del 200% de sobrecosto), puntualizó.

Explicó la Contraloría que los sobrecostos y el respectivo daño patrimonial se calcularon teniendo en cuenta no solo los valores de mercado, sino igualmente los costos indirectos propios de la labor de distribución y suministro, y «aun así la Gobernación no pudo justificar los precios pagados».

Así las cosas, la Gerencia Departamental de la Contraloría en el Amazonas dio traslado de los hallazgos detectados para que se inicien los correspondientes procesos de responsabilidad fiscal, contra quienes posiblemente hayan intervenido en el proceso.

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