Nada mejora en La Guajira: Contraloría hace preocupantes hallazgos todos por una millonada

Nada mejora en La Guajira, pese a la intención del gobierno del presidente Gustavo Petro de cambiar la realidad de ese departamento.

De acuerdo con Carlos Mario Zuluaga, Vicecontralor en funciones de Contralor General de la República, el equipo de la entidad encontró una enorme cantidad de hallazgos.

Los componentes de seguridad alimentaria, salud y vivienda y saneamiento básico, presentan irregularidades que están siendo investigadas.

La Contraloría General estableció 21 hallazgos fiscales por $12.088 millones, al verificar cumplimiento de órdenes de Sentencia de la Corte Constitucional sobre derechos fundamentales de niñas y niños Wayuú.

Contraloría hace preocupantes hallazgos fiscales, disciplinarios y administrativos

De acuerdo con el vicecontralor, se trató de una actuación especial de fiscalización sobre 42 entidades con inversiones de $2.1 billones en La Guajira.

El informe establece que en total se hicieron 92 hallazgos administrativos, 72 de esos hallazgos son de carácter disciplinario.

Entre los hallazgos más relevantes hay tres hallazgos disciplinarios que corresponden a igual número de contratos suscritos por el Ministerio del Interior.

El valor de los contratos ascienden a un total de $99.000 millones, y, según la autoridades fiscal, dan lugar a Indagación Preliminar por ese mismo valor.

Según explicó el vicecontralor Zuluaga “esta es una Actuación Especial de Fiscalización Intersectorial, con enfoque en cumplimiento al Seguimiento de las órdenes emitidas por la Corte Constitucional”.

Para el exhaustivo trabajo fue necesario poner en marcha un total de 13 dependencias de la Contraloría General de la República.

El informe fue entregado por el Vicecontralor en funciones de Contralor General, Carlos Mario Zuluaga, en Riohacha un un acto de Rendición Cuentas.

Lo más preocupante para las comunidades es que la Contraloría General de la República evidenció que no hay destinación de recursos específicos para atender lo solicitado en la sentencia de la Corte.

Así mismo, evidenciaron que hay falta de articulación entre las entidades involucradas, tanto del orden nacional y territorial y las mismas comunidades indígenas.

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