Foto EFE/Archivo

Los ministros del Gabinete del expresidente Belisario Betancur (1982-1986) serán llamados a declarar por la Fiscalía dentro de la investigación por la retoma militar del Palacio de Justicia tras la ocupación de esta sede en 1985 por la guerrilla del M-19, actualmente desmovilizada.

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La medida fue anunciada hoy por la fiscal jefe de la Unidad de Fiscales Delegada ante la Corte Suprema, Martha Lucía Zamora, quien explicó que las determinaciones tomadas en el Consejo de Ministros de la época serán de trascendental importancia para establecer las responsabilidades penales del caso.

«La crisis que se estaba viviendo en el país, lo que allí se habló, discutió y debatió y finalmente se decidió, es de suma importancia para la investigación», manifestó Zamora a los periodistas.

La cruenta toma y retoma del Palacio de Justicia, los días 6 y 7 de noviembre de 1985, dejó 98 muertos, entre ellos 11 magistrados de la Corte Suprema, 22 funcionarios, siete auxiliares del tribunal, 11 miembros de la Fuerza Pública, numerosos guerrilleros y civiles, así como 10 desaparecidos.

Entre los que serán llamados a declarar están los entonces ministros de Gobierno, Jaime Castro y de Comunicaciones, Noemí Sanín, quien más adelante fue, entre otros cargos, canciller de Colombia.

Castro, quien también ocupó la Alcaldía de Bogotá, solicitó que lo escuchen en versión libre para relatar lo que ocurrió aquel día.
La fiscal jefe dijo que aún falta definir las fechas para la citación de los exministros de Betancur, 13 en total.

En noviembre pasado, la Fiscalía dijo que iba a investigar las acciones de ministros y altos mandos policiales del Gobierno del expresidente Betancur durante la retoma del Palacio de Justicia.

En su momento, el fiscal general, Eduardo Montealegre, explicó que se abrirían tres líneas de investigación para establecer posibles responsabilidades entre quienes estuvieron vinculados con esta operación.

Según la Fiscalía, una de las líneas apunta a la presunta responsabilidad penal que se les pude atribuir a algunos de los ministros de Betancur.

Otra investigación tiene que ver, según el fiscal, con la posible responsabilidad de altos mandos de la Policía en la época, entre ellos el entonces comandante de la institución, el hoy general retirado Víctor Delgado Mallarino.

La tercera línea busca establecer eventuales responsabilidades del entonces director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, inteligencia estatal), Miguel Maza Márquez.

El pasado mes de noviembre, Colombia pidió «perdón» ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por la cruenta retoma del recinto, lo que no bastó a los familiares de las víctimas, que siguen exigiendo un castigo para los culpables.

La toma del Palacio Justicia comenzó poco antes del mediodía del 6 de noviembre de 1985 cuando se escucharon varias explosiones y disparos en el corazón de Bogotá por la ocupación guerrillera y concluyó al día siguiente cuando militares y policías recuperaron el control del edificio, arrasado tras una noche de combates.

Durante años se ha considerado que la ocupación del Palacio de Justicia fue obra del M-19 asociado con Pablo Escobar, el jefe del desarticulado cartel de Medellín.

Sin embargo, el M-19, que posteriormente depuso las armas y entró en la política, siempre ha negado esa alianza con la mafia del narcotráfico. Bogotá, 31 ene (EFE)

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Redacción Minuto30

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