[VIDEO] Minería a gran escala vs agua: Pelea de titanes en Antioquia

Primero fue la decisión de la Agencia Nacional de Minería de tomar el control de los cuatro grandes proyectos mineros asentados en el departamento e inscritos dentro de los PINE (Proyecto de Interés Nacional Estratégico), dejando a la gobernación de Aníbal Gaviria con un sabor agridulce y una sensación de desconfianza con su gestión en el escenario minero.

Así las cosas, los proyectos de Quebradona (Jericó); Buriticá (Buriticá); Gramalote ( San Roque) y Mineros Aluvial (El Bagre) quedan en manos de la ANM mientras que la Secretaría de Minas del departamento sigue velando por la pequeña minería.

Pasados 20 días, el Ministerio de Medio Ambiente expide el borrador de una Resolución según la cual se declara un área protegida alrededor de 92.701 hectáreas pertenecientes a 11 municipios antioqueños ( Valparaíso, Caramanta, La Pintada, Santa Bárbara; Tarso, Pueblorrico, Jardín, Andes, Támesis , Fredonia y Jericó, todos ellos pertenecientes la llamada Provincia del Cartama), dos municipios Caldenses ( Aguadas y Riosucio ) y un municipio de Risaralda, Mistrató.

El Ministerio de Medio Ambiente espera que a más tardar el 15 de febrero, todo ciudadano, entidad pública o privada que considere que tiene interés en el tema, envíe sus comentarios con el fin de cerrar el proceso de consulta de la resolución de marras.

Pero más allá de la mirada administrativa está el tema social y de gobierno. Todos sienten que el ministerio se los saltó, por lo menos en el caso antioqueño: los alcaldes, los congresistas, algunos finqueros y empresarios del agro.

Dentro del volumen de críticas a la decisión del gobierno está el relato de quienes sostienen que cambiarles el uso del suelo es cambiarles las reglas del juego. “¿Qué pasa si me dicen que no puedo sembrar aguacate o granadilla o plátano y que debo dedicar el suelo de mi finca a otros asuntos?”, se cuentan entre los temores expresados.

Y ni qué decir de la molestia que estas decisiones ejecutivas provocan en las multinacionales comprometidas con los proyectos, entre ellas Anglo Gold Ashanti, Zijin -Continental Gold, B2Gold-Ashanti. Fuentes cercanas aseguran que los directivos de estas empresas sienten que el gobierno les plantea un desafío.

Por su parte, algunos de los mandatarios de estos municipios piensan que la resolución tiene hálito de arbitrariedad y su aplicación puede cambiarles el mapa social con aristas peligrosas para la gobernabilidad.

Con todo, la decisión está tomada y debajo de ella corre mucha agua. Sí, agua, porque el argumento del gobierno es que su deber es proteger las reservas del líquido que yacen en las entrañas de la tierra comprometida en este acto administrativo.

Tanto para la ministra Muhamad como para el presidente Petro, los acuíferos son vitales y no se pueden dejar al albedrío de las mineras. En la zona mencionada en el borrador de Resolución hay 145 títulos mineros: seis en exploración; 21 en explotación; uno en construcción y montaje y 117 con solicitud de evaluación.

Para los que están en explotación no hay problema, total ya cumplen con los permisos y licencias pertinentes. Al gobierno le preocupa el resto por el impacto social y medio ambiental que pueda provocar en estos municipios.

En diálogo con 30Minutos de Minuto30, el exdiputado, ambientalista y autodenominado “defensor del territorio”, Norman Correa , hace un viaje explicativo por los renglones del borrador de Resolución expedido por el gobierno, para bucear al interior de sus causas y reflexionar sobre sus consecuencias.

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