Mindefensa reconoce que los menores reclutados por las extintas FARC fueron víctimas de un crimen de guerra

El ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, señaló que se realizará una revisión exhaustiva a la Doctrina Militar y de Policía, así como la capacitación de los funcionarios uniformados y civiles en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

“Con fecha 30 de enero de 2023, hemos expedido la Directiva Permanente 01, mediante la cual hemos dispuesto la revisión y actualización de la Doctrina Militar y Policial con énfasis en los estándares internacionales de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, realizar un proceso de capacitación para los asesores jurídicos operacionales de las Fuerzas Militares y los asesores de convivencia y seguridad ciudadana de la Policía Nacional en estándares internacionales de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario”, dijo el ministro Velásquez.

El jefe de la cartera de Defensa, explicó que esta directiva, se expide atendiendo a la orden tercera del Tribunal según la cual el Gobierno Nacional debe reconocer en todo sentido a los menores como víctimas del conflicto armado, como lo dice textualmente la corte.

Asimismo, como lo ha reiterado este Gobierno de acatar los principios y normas que integran el cuerpo normativo del Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el ministro Velásquez, aclaró que se cumple también lo dispuesto por la Jurisdicción Especial para la Paz, el pasado 7 de diciembre de 2022.

Por lo tanto, el ministro, reiteró que de conformidad con el referido auto, los niños y las niñas reclutados y utilizados en el conflicto armado interno, por la extinta guerrilla de las FARC-EP fueron víctimas de un crimen de guerra.

“Según las cifras del Caso 007 de la JEP, en cuanto al reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto armado, por lo menos, 18.667 menores fueron utilizados por las FARC-EP para el conflicto armado”, puntualizó.

Además, destacó que se implementarán todas las acciones pedagógicas y comunicativas que contribuyan al reconocimiento de la calidad de víctima de los niños y niñas reclutados o utilizados en el conflicto armado interno, así como las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo sobre este fenómeno.

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