Con un presupuesto de 670.656 millones de pesos, el Gobierno Petro atenderá, a partir del 2024, el servicio de alimentación de presos en cárceles, estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI).
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Así lo establece la ley aprobada recientemente en el Congreso, elaborada en colaboración armónica con entidades territoriales, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, cumpliendo una sentencia de la Corte Constitucional.
El suministro de alimentos de las personas detenidas en estaciones de Policía y URI estará a cargo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), entidad adscrita al Ministerio de Justicia, hasta el 30 de junio de 2025. Después de esta fecha, el servicio quedará bajo responsabilidad de los municipios y departamentos.
La ley busca evitar un cese en la prestación del servicio, asegurando los derechos fundamentales de quienes están detenidos preventivamente en centros transitorios.
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Actualmente, 17 mil personas privadas de la libertad reciben alimentación de la Uspec en las URI y estaciones de Policía.
La asignación presupuestal para alimentación de personas privadas de la libertad, tanto en centros de detención transitoria como en cárceles del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), fue de $647.000 millones en 2023.
De ese total, $92.957 millones se han destinado para centros de detención transitoria durante este año.
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