Durante el debate que suscitó el proyecto de ley que reduce los salarios de congresistas y altos funcionarios del Estado, el senado Miguel Uribe denunció la existencia de un grupo de privilegiados congresistas a los que la Unidad Nacional de Protección les paga la gasolina.

Sin embargo, después de entregar nombres y enumerar privilegiados, al senador Uribe Turbay se le pasó un pequeño detalle, él también era beneficiario del programa especial de protección con subsidio de combustibles.

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Así lo aseguró el director de la Unidad Nacional de Protección, al corroborar que existe un grupo de 18 congresistas de diferentes partidos que están cobijados con este programa especial, muchos de ellos por medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, la justicia internacional y el acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc.

“Lo primero que tengo que decir es que este Gobierno y esta administración no ha aprobado un solo apoyo económico ni de combustible ni de otra categoría para los parlamentarios, como se denunció. Ni uno solo. Encontré que para el año 2022 el senador Miguel Uribe Turbay, quien hizo la denuncia, también tenía combustible asignado, pero no mencionó que él también era beneficiario. Hay 18 de todos los partidos, ahí están los registros”, aseguró Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección.

Rodríguez entregó la lista de los actuales congresistas beneficiarios del subsidio de combustibles, en la que aparecen Iván Cepeda, Aida Avella, José Alberto Tejada Echeverri, Gloria Inés Flórez y Jahel Quiroga, quienes cuentan con medidas cautelares de la CIDH; también aparecen María Fernanda Cabal y José Vicente Carreño del Centro Democrático; los senadores del Partido Comunes en virtud del acuerdo de paz; los representantes a la cámara por las curules de paz Diógenes Quintero Amaya, Karen Astrid Manrique Olarte y Jorge Rodrigo Tovar (hijo de Jorge 40) y los congresistas Hermes Evelio Fretes Vivas, Jorge Andrés Cancimance López, Alfredo Rafael Deluque Zuleta, Wilmer Yesid Guerrero Avendaño, Marelen Castillo Torres, Juan Loreto Gómez Soto y Clara López Obregón.

En relación con el sistema de protección de Nicolás Petro, Augusto Rodríguez aseguró que este esquema de protección depende de la Presidencia de la República y que no existen planes de modificar ni el número de vehículos ni de incrementar el número de escoltas para el hijo del Jefe de Estado, en tanto advirtió que la protección de los abogados debe ser suministrada por la Fiscalía General de la Nación.

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