Medidas a la medida

No hay duda de que Colombia es un país inseguro, tanto en la ciudad como en el campo, pero eso no tiene relación exclusiva con el llamado conflicto armado ni con los grupos subversivos en particular. No, los orígenes de esa inseguridad son múltiples. De ahí que no sea claro el motivo por el cual se requiera de una gendarmería o Policía Rural para el postconflicto ni la razón por la que haya tenido que hacerse el anuncio en Francia, en medio de una visita del presidente Santos.

En realidad, cualquier esfuerzo en materia de seguridad para las regiones es necesario y plausible aun si no existieran diálogos con el terrorismo. Lo extraño es que lo que Santos planteó, ya existe; se llama Dirección de Carabineros y Seguridad Rural. Y ya recibió asesoría por parte de la Gendarmería francesa en el 2006, cambios que debió implementar, en su paso por la dirección de la Policía Nacional, el hoy negociador de ‘paz’ Óscar Naranjo.

La ausencia de Estado no es nada nuevo en las regiones apartadas de todo el país. En los páramos, que son fábricas de agua que no deberían tocarse, los colonos siembran papas y ponen a pastar ganado. En las selvas del Chocó, maderas preciosas son cortadas y extraídas del país sin el menor control. Y los estragos de la minería ilegal, así como de la producción de narcóticos, generan un daño ecológico irreparable. Ni hablar del contrabando de fauna silvestre.

Sin embargo, los problemas de las zonas rurales van más allá de lo ambiental. Las comunidades viven expuestas a la ley del más fuerte, incluso al interior de las familias, en cuyo seno se soportan altos niveles de maltrato y hasta de abuso sexual. No son pocas las guerrilleras que han confesado que se enrolaron en la subversión para escapar de un padre violador.

Guerrillas y paramilitares han sido la autoridad de facto en muchas regiones del país durante las últimas décadas, pero una autoridad, al fin y al cabo, ilegítima y criminal que ha victimizado a comunidades enteras. De manera que recuperar esa autoridad y ejercer el imperio legítimo de la ley siempre será una necesidad y una obligación del Estado. Aunque eso no se puede hacer de cualquier forma.

Dice el analista Jairo Libreros (El País, 29/01/2015) que “si se crea una policía rural como la Gendarmería Francesa, se manda el mensaje de que la Fuerzas Militares se dedicarían exclusivamente a atender su función constitucional que es la defensa de las fronteras de la Nación”, lo cual es, precisamente, lo que han venido pidiendo las Farc para asegurar la desaparición del Ejército, que sería adelgazado a su mínima expresión.

Y es más grave la conclusión a la que llega este analista: “Esto ayudaría muchísimo a que en el marco de un posconflicto se dejaran de violar los Derechos Humanos por parte de las fuerzas del Estado, pues los militares tendrían otra función y los policías del campo estarían educados para respetar y hacer respetar los derechos de los campesinos”. Eso equivale a decir que los militares son violadores habituales de los Derechos Humanos —que es el discurso del terrorismo— y que no son ‘educables’ a ese respecto, en tanto que la Policía no los viola y con su formación bastaría para pacificar el campo.

Como es obvio, ni lo uno ni lo otro es cierto. No en pocas ocasiones unidades militares han demostrado su respeto por los Derechos Humanos, como cuando ayudan a preservar la vida de guerrilleros heridos en combate. Y hemos visto excesos cometidos por efectivos de la Policía, incluyendo a los que reciben mayor capacitación para el manejo de multitudes como son los miembros del Esmad.

Seamos francos: los postconflictos suelen ser más violentos que el conflicto mismo y las Farc no son el último factor de violencia que falta por erradicar. La seguridad del campo no es asunto de guardabosques. Lo que pasa es que Santos toma medidas a la medida de lo ordenado en La Habana y va soltando globos para que nos vayamos acostumbrando a las cosas que no se le han ocurrido pero que no descarta, como la de cambiarles a los terroristas su brazalete espurio por uno oficial.