Medellín tendrá Cárcel Metropolitana de Sindicados operada mediante el modelo APP

Ya cumplidos los procesos de factibilidad, Vigencias Futuras y adjudicación, el próximo año iniciaría la construcción de la Cárcel Metropolitana para Sindicados.

En cabeza de la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas (Agencia APP), el Distrito logró sacar adelante el proyecto con el que se convertirá en la primera ciudad de Colombia en la que se construya y opere un centro carcelario mediante el modelo de APP.

El Concejo de Medellín aprobó las vigencias futuras destinadas a la concesión, por un monto de COP 665 mil millones (constantes), para una operación de 12 años, con un año adicional en la etapa de diseños definitivos y dos años en la etapa de construcción, para un total de 15 años de concesión.

Este proceso contó con un valor de CAPEX de COP 134 mil 455 millones, un OPEX de COP 299 mil 366 millones y capacidad para 1339 personas sindicadas.

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La nueva cárcel que será construida en el corregimiento de San Cristóbal, tendrá una capacidad para 1.339 personas privadas de la libertad, cifra con la que se espera reducir el hacinamiento en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata de la Fiscalía, que se calcula es de un 218 %, según cifras de la Personería de Medellín.

La Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas es la entidad responsable de la estructuración completa del proyecto con un equipo “in house” que no requirió acompañamiento externo. Los estudios de factibilidad se tasaron en $2.717 millones, mientras que en el mercado una consultoría similar puede costar más $4.500 millones, lo que se traduce en una eficiencia del 66 %.

La empresa mexicana Prodemex estará a cargo de la construcción que se estima sea por dos años y desde el 2026 asumirá la operación de la logística y mantenimiento de la infraestructura por quince años.

La construcción de esta infraestructura busca cumplir con los fallos de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, que obligan a los epicentros metropolitanos a tener un reclusorio de estas características para cumplir con la ley.

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