Marleny Contreras, es la jueza que será investigada por dejar libre 26 de los integrantes de la red de tráfico de armas.

La presidenta de la Sala Disciplinaria de la Judicatura señaló que ese organismo asumió de oficio el conocimiento de esta situación para analizar la decisión de la jueza Marleny Contreras. La jueza 11 de control de Garantías consideró que capturas no se hicieron apegadas al Código de Procedimiento Penal.

Según la norma, los allanamientos se deben hacer entre las seis de la mañana y las seis de la tarde, y la redada de captura se desarrolló a partir de las cuatro de la mañana.

Por ese supuesto error en el procedimiento de la captura fueron dejadas en libertad 25 de las 34 personas que el lunes cayeron en una operación de la Fiscalía y el Ejército, en diez ciudades del país, contra una red que le vendía armas al frente 48 de las Farc.

En diálogo con ‘La W’, la magistrada Julia Emma Garzón, presidenta de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura,  indicó que a esa norma se le debe dar la adecuada interpretación y mirar las excepciones para no cometer una falta disciplinaria.  «Este caso lo evaluaremos con la mayor celeridad porque es un caso que le duele al país, eso sí sin violar el debido proceso», dijo.

«Los jueces tienen la facultad y la autonomía de decidir y de interpretar la norma, pero esa interpretación tiene unos límites y cuando se sale de esos límites ocurre en una vía de hecho, que es lo que constituye la falta disciplinaria. Esto es lo que evaluará el Consejo Superior de la Judicatura en el consejo seccional, que es la primera instancia que se debe agotar», indicó la magistrada.

Garzón también señaló que este semestre ha habido 12 mil quejas sobre jueces que dejan en libertad o detención domiciliaria a personas que no reunían los requisitos para tener esos beneficios.

Las personas dejadas en libertad están señaladas por la Fiscalía de hacer parte de una red dedicada a sacar de unidades militares armas y explosivos que terminaban en manos de la guerrilla.

Fuentes de la Fiscalía dijeron que en la orden de captura el fiscal del caso especificó que por la peligrosidad de las personas sindicadas y la dificultad para realizar tantas capturas al mismo tiempo, se procedía a esa hora; sin embargo, la juez no aceptó el argumento y determinó que el procedimiento había sido ilegal. La Fiscalía apeló la decisión.

Entre los liberados se encuentran el señalado jefe de la organización, su núcleo familiar y una mujer cuya función era hacer actos de brujería «para que el tráfico de las armas se cumpliera exitosamente», según los investigadores.

De acuerdo con el CTI de la Fiscalía, hay seguimientos electrónicos contundentes que demostrarían los vínculos de la organización con comandantes de las Farc, como alias ‘Mausa’ y el ‘Capi’, quienes hacen presencia en los departamentos de Nariño y Cauca y que pedían los elementos de guerra, que luego eran sacados ilegalmente de unidades militares.

La red también les ofrecía a los guerrilleros el servicio para tramitar los salvoconductos de las armas para que se pudieran movilizar sin problema. Al cierre de esta edición se adelantaba la audiencia de control de garantías de los cinco militares y los dos policías activos que fueron capturados después de las seis de la mañana y que eran los encargados directos de sacar las elementos de guerra de las unidades castrenses.

Vía ElTiempo.com