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Opinión

Marchar jamás será vandalizar

Por: Bernardo Henao Jaramillo

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Desde lejanas tierras, más allá de nuestras fronteras, llegan voces pidiendo que el gobierno Colombiano proteja los derechos humanos y, estamos de acuerdo, solo que los derechos que se deben amparar son los de la mayoría de nuestros compatriotas que han venido estoicamente soportando el horror y el vandalismo de ya largos 16 días de paro, iniciado bajo el pretexto de la presentación de una reforma tributaria, hoy inexistente, lo que de suyo corrobora que su propósito no era ese, sino sembrar el pánico, desestabilizar las instituciones a través de evidentes vías de hecho, crear el caos para hacerse al poder que democráticamente no obtuvieron.

Por eso, encontramos a senadores de la oposición como, por ejemplo, Gustavo Petro y Gustavo Bolívar, así como los movimientos Colombia Humana, Fecode, la CTC, el CRIC, entre otros, atacando la gobernabilidad, a quienes, sin duda alguna, se unen desde la clandestinidad quienes hicieron parte del mal llamado proceso de paz, como lo demuestra el video, que debió ser censurado por Twitter, emitido por el narco terrorista Iván Márquez y su combo, quienes utilizaron el brazalete FARC-EP.

Entonces, ¿cómo se pueden calificar de pacíficas las manifestaciones, cuando su origen no tiene soporte actual y quienes las prohíjan tienen intereses que vulneran los derechos fundamentales de los colombianos, como el de a la vida, a la salud, a la locomoción, al trabajo, a la educación y, en general, a tener una sociedad en paz? Imposible, no son reuniones pacíficas y por tanto no están salvaguardadas por la Constitución. En fin, lo que nos acontece es, ni más ni menos, el secuestro masivo de la sociedad civil, como así se ha denunciado por pobladores de Cali y Popayán, llegando al extremo, en Cali, de tener que someterse a requisas de la minga indígena quienes, alusivamente, desplazaron a la fuerza del orden, la policía.

Pero ahí no para el paro. En un accionar criminal impiden que quienes requieren asistencia médica la obtengan, como, entre otras, se supo de la muerte del bebé de Luz Mary Arévalo en la ambulancia que vilmente retuvieron los manifestantes “pacíficos” en Tocancipá, protestantes que tampoco permiten la llegada de insumos y medicamentos y quienes están causando el desabastecimiento en el país, trayendo hambre al pueblo y un incremento en los precios de los alimentos por un valor muy superior al que preveía la reforma tributaria.

Estas conductas se enmarcan en el Código Penal, que no en una protesta pacífica. Varios de esos manifestantes, en cambio, reciben “una paga”, que la mayoría de los Colombianos sabemos de dónde viene, pero que, al parecer, algunos jueces, ausentes de la realidad, desconocen, razón por la cual se conocen sentencias, como la del Tribunal Administrativo de Pasto, prohibiendo la erradicación manual de cultivos ilícitos en los resguardos indígenas, lo que, podría entenderse, como una extraña complicidad de apoyo al delito y a los hechos vandálicos que se presencian, lo que contraría su función constitucional de perseguir y sancionar los delitos, en algunos países castigados con la pena de muerte.

Tremendo despropósito, decisión alejada del sentido común, la autoridad que debe erradicar el insumo de la mayoría de los “males” que aquejan a nuestra sociedad, los cultivos ilícitos, deben pedir permiso a los narcotraficantes para proceder a cumplir su misión. Ni en Macondo se podría pensar algo así.

Y ¿qué decir de la decisión del Tribunal Administrativo del Valle que niega la medida cautelar pedida en una acción popular, para en su lugar ordenar que se garantizara el corredor para el ingreso de alimentos, medicinas en general, combustibles, ambulancias, médicos, enfermeras y personal de la salud, será que implícitamente legaliza y cohonesta el paro la administración de justicia? ¿Será que esas decisiones judiciales deben cumplirse o pueden seguir por el camino de la desobediencia, como sucediera con la emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por los protagonistas y manifestantes?

El gobierno de los jueces, como el que estamos viviendo, impone que éstos actúen, al menos, con imparcialidad y mesura, que no contribuyendo a la desaparición del Estado Democrático, en el que justamente para evitar el abuso del poder, no se permite esa concentración en una sola rama, sino que, se establece la competencia de ella, pero también de la ejecutiva y la legislativa, siendo la judicial, columna vertebral del Estado, la que debe dar ejemplo de respeto y acatamiento a esa división.

Es inaudito que la autoridad no imponga el orden, pero es más perjudicial que el poder judicial “acompañe” la “guerra” que la mayoría de la gente trabajadora y productiva del país vive y siente con el paro. Los balances preliminares dan cuenta de más de 717 personas heridas con elementos contundentes, 99 con armas corto punzantes, 19 con explosivos, 12 con armas de fuego, 5 con armas traumáticas y 18 fallecidos, sin contar a los policías, 853 afectados, entre ellos, al capitán Jesús Alberto Solano, cobardemente asesinado; como tampoco a los muchos que contraerán y contagiarán el virus de COVID.

Las pérdidas y daños, de conformidad con lo calculado por el Ministro José Manuel Restrepo, ascienden a más de $6 billones; por cada día de interrupción arbitraria de las actividades hay un costo de $484.000 millones; el sector agrícola acumula pérdidas de 1.7 billones, las del sector mercantil van por encima de 1.5 billones y la de la industria avícola es inconmensurable, está completamente devastada y son los encargados de brindar la principal proteína que consume el pueblo colombiano. ¿Se podrá, en verdad, decir que es una protesta pacífica por los derechos de los más necesitados? Creo que no. Imposible pensar que causar pobreza y destrucción corresponde a la lucha por un ideal de bienestar.

Ningún aporte sano a ese doloroso estado de postración le hace ciertos periodistas y medios de comunicación que pierden la objetividad y se suman al desorden, como tampoco quienes desde su labor pastoral se aprestan a confundir y mal interpretar el mensaje de amor que trae la religión, como lo suele hacer Monseñor Darío Monsalve. Pese a todas esas adversidades la sociedad colombiana, en su mayoría, defiende valientemente el recto curso que se debe seguir. Solo exige que, como debe ser, se imponga la autoridad; que se elimine la tibieza y se hagan cumplir los conceptos que enarbola nuestro escudo, orden y libertad, que para cualquier decisión se piense que primero está el interés general que el particular, que observe que lo que ahora se pide, ingreso solidario, educación gratuita, etc. era el objetivo de la reforma que se retiró para complacer a los manifestantes pacíficos.

Señor Presidente apóyese en sus Fuerzas Militares y de Policía, devuélvales el respeto que la población debe tenerles, fortalézcalas, recupere el Arma de Inteligencia. Son ellas, las que, a través de la historia de Colombia, han defendido con honor y grandeza la soberanía y democracia de nuestra patria, por eso la sociedad civil siempre las ha rodeado, las respalda y continuará haciéndolo. Unidos vamos a vencer a propios y extraños que quieren destruir nuestro tesoro más grande: Colombia.

Pildorita. Hermoso y espectacular la Ceremonia del Tercer Rosario Mundial Mater Fátima que, desde la Basílica de Chiquinquirá, se transmitió a 150 países del mundo, cuando se conmemoró el pasado 13 de mayo, Día de la Virgen, fecha igual en la que se consagró al Sagrado Corazón y de la Virgen Santísima pidiendo la Protección del Inmaculado Corazón de la Virgen por el fin de la pandemia que azota al mundo e implorar por la Paz de Colombia.

@HenaoBernardo

La opinión del autor de este espacio no compromete la línea editorial de Minuto30.com

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