Los jóvenes, no pueden ser el combustible de las campañas electorales, son el futuro de colombia que merecen ser tenidos en cuenta

En las últimas elecciones colombianas, los jóvenes no fueron simples espectadores: fueron protagonistas. Su entusiasmo, demandas sociales y expectativas de oportunidades reales en educación, empleo y movilidad social, jugaron un papel importante en la configuración del debate político nacional. Sin embargo, a más de dos años del gobierno de Gustavo Petro, la brecha entre las promesa y los resultados, se vuelve cada vez más evidente, especialmente en políticas educativas y sociales, que afectan directamente a las nuevas generaciones.

Es cierto que el presupuesto oficial para educación ha alcanzado cifras históricas en términos nominales en los últimos años. No obstante, el crecimiento en cifras globales no se ha traducido en un impacto real en temas como cobertura, calidad ni accesibilidad, particularmente para los jóvenes de bajos y medios recursos que dependen de los subsidios, créditos educativos y programas de apoyo, para acceder a la educación superior.

Frente a lo anterior, diremos que hay que hacer un breve análisis de lo que ha sucedido en materia educativa, desde la eliminación de programas como Ser Pilo Paga reemplazado por el programa “Generación E” y que terminó en el 2022, que facilitaba el acceso a universidades de calidad a estudiantes con méritos académicos, hasta, la terminación del convenio con Colfuturo en diciembre del 2025, que durante años permitió a jóvenes acceder a estudios de posgrado en el exterior con esquemas visión mixtos de crédito y becas, muchas decisiones han generado incertidumbre sobre las decisiones del Estado frente a la educación superior. Además, la finalización de convenios con universidades privadas, sin sustituirlos con políticas alternativas viables después de casi 4 años de gobierno, ha restringido opciones en un país, donde la educación pública aún no puede absorber toda la demanda.

Estas decisiones se sienten de manera concreta cuando las palabras de compromiso no se traducen en oportunidades tangibles. Recordemos el caso de Juliana Guerrero, designada en un momento como viceministra de las Juventudes, demuestra muchas de estas tensiones entre discurso, acciones de gobierno y percepción pública. Guerrero, fue objeto de un escándalo nacional cuando se reveló que la Fundación Universitaria San José, había expedido títulos profesionales vinculados a su hoja de vida, sin que existiera evidencia clara de que hubiese cumplido con requisitos académicos indispensables, como la presentación de las pruebas Saber Pro, condición legal, para graduarse en Colombia.

Las investigaciones periodísticas y las auditorías institucionales, mostraron que no existían registros verificables de que Guerrero, hubiese cursado, asistido a clases o presentado evaluaciones en los programas académicos que figuraban en su perfil. Tras estas revelaciones, la universidad anuló el título profesional que le había otorgado, al no encontrar evidencia de actividad académica, ni cumplimiento de los requisitos legales.

Este hecho, provocó una ola de reacciones políticas y sociales por parte de los jóvenes, por la falta de transparencia en los procesos de nombramiento, la idoneidad de las personas que ocupan funciones públicas y las señales que el Estado envía, especialmente cuando se trata de juventudes y méritos académicos. El Ministerio de Educación abrió una investigación formal para determinar irregularidades y verificar si los requisitos legales habían sido cumplidos. Más allá de los detalles individuales, este episodio plantea preguntas más profundas sobre la coherencia entre el discurso meritocrático y la práctica gubernamental. Cuando el Estado, promueve la educación como derecho, exige estándares y estructuras claras, pero luego ve cómo esos mismos estándares, parecen ser eludidos o debilitados en la práctica para beneficiar a ciertos sectores o individuos cercanos al poder, se erosiona la confianza de la ciudadanía y especialmente de los jóvenes que creen en las instituciones.

Este tipo de situaciones no sólo afectan la reputación de quienes las protagonizan, sino que también debilitan la percepción de que el acceso a espacios de poder y decisión está abierto a quienes realmente se lo han ganado por méritos académicos y profesionales. Para una generación que enfrenta barreras reales para financiar sus estudios, acceder a créditos justos o encontrar empleo digno tras graduarse, estos escenarios envían un mensaje contraproducente: que las conexiones políticas pueden valer más que el esfuerzo académico.

Los jóvenes colombianos no reclaman cifras totales de gasto en educación: reclaman oportunidades reales, políticas públicas coherentes y un Estado que respete y respalde la educación como herramienta de movilidad social, no como moneda de intercambio político. La memoria electoral y ciudadana, exige que las promesas se evalúen con hechos, resultados y responsabilidad institucional.

Creer en el cambio es legítimo, pero exigir coherencia, transparencia y cumplimiento de deberes es condición indispensable para una democracia sólida.

Para terminar, el papel de los jóvenes en la democracia no puede limitarse a ser el combustible emocional de una campaña política, ni el símbolo conveniente del cambio. La participación juvenil, exige respeto, resultados y coherencia institucional. Cuando un gobierno promete educación como prioridad, pero al contrario desmonta programas, reduce subsidios, cierra convenios, debilita mecanismos de acceso y tolera nombramientos cuestionados que desprecian el mérito académico, la decepción no es ideológica: es estructural. La historia reciente deja una enseñanza clara, para las nuevas generaciones: el voto no debe depositarse solo desde la esperanza, sino desde la memoria, el análisis y la exigencia ciudadana. Porque una democracia madura no se construye con promesas reiteradas, sino con políticas cumplidas; y porque los jóvenes no necesitan discursos que los seduzcan, sino Estados que les respondan como debe ser y como está consagrado en la Constitución Política de 1991.