¡Les tumbaron el negocio! Ejército desmantela centros de minería ilegal del Clan del Golfo en Cáceres, Antioquia

En una nueva operación contra la explotación ilícita de minerales en el Bajo Cauca antioqueño, el Ejército Nacional localizó y desmanteló ocho centros de producción minera ilegal en la vereda Puerto Santo, zona rural del municipio de Cáceres. La intervención permitió la destrucción de maquinaria valorizada en más de $3.000 millones, que presuntamente estaría siendo utilizada por el Clan del Golfo para financiar sus actividades criminales.

Las tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 31 Rifles y la Brigada contra la Minería Ilegal, con apoyo del CTI de la Fiscalía, hallaron en el área cinco excavadoras, motores industriales, motobombas, clasificadoras, más de 1.600 metros de manguera y 1.360 galones de ACPM. Todo el material fue inutilizado en el lugar bajo los protocolos establecidos para este tipo de procedimientos.

De acuerdo con las autoridades, esta maquinaria permitía una extracción intensiva de minerales que representaba ingresos millonarios para la estructura criminal que opera en la zona. La eliminación de estos equipos afecta significativamente las finanzas del grupo armado, además de frenar el grave daño ambiental generado por la remoción de tierra y el vertimiento de combustibles en ríos y quebradas.

Esto le podría interesar: ¡Ya van cinco! En Valparaiso estarían envenenando perritos y en video quedó

Esta acción se suma a otra intervención realizada hace pocas semanas en la misma jurisdicción, cuando unidades del Ejército llegaron a la vereda San Lorenzo y desactivaron cuatro puntos de explotación ilegal. En ese momento fueron halladas excavadoras, motobombas, clasificadoras y combustible valorado en más de $1.000 millones. Según las investigaciones, esa maquinaria permitía producir hasta 12.000 gramos de oro al mes, generando beneficios criminales cercanos a los $5.000 millones

El Ejército reiteró que continuará desarrollando operaciones permanentes en el Bajo Cauca para contrarrestar los delitos ambientales, frenar el financiamiento de estructuras ilícitas y proteger los recursos naturales de una de las zonas más afectadas por la minería ilegal en el país.