Las apuestas crecen, mientras la integridad del deporte está en juego

En Colombia, el deporte tiene una relación cada vez más estrecha con las apuestas. Los partidos de fútbol, los torneos internacionales y las competencias de distintas disciplinas se han convertido en oportunidades para que miles de personas pongan dinero en pronósticos sobre resultados, goles, tarjetas, estadísticas individuales y acontecimientos que ocurren durante los encuentros. La industria creció al ritmo de las plataformas digitales y encontró en el espectáculo deportivo un escenario comercial de enorme alcance. Sin embargo, detrás de esa expansión hay una pregunta que la gestión deportiva colombiana todavía debe asumir con mayor decisión: ¿quién protege la integridad de las competencias cuando existe un mercado económico interesado en sus resultados?

El debate no es hipotético. El 20 de mayo de 2026, la Universidad Externado de Colombia publicó una reflexión académica sobre los desafíos jurídicos del amaño de competencias deportivas, a propósito de un seminario en el que se presentó la investigación El lado oscuro del deporte, de Pablo Andrés Vanegas Santana y Fátima Pérez López. La discusión puso sobre la mesa una tensión fundamental: las apuestas pueden representar una fuente de recursos para clubes, deportistas y el Estado y, al mismo tiempo, constituir un factor de riesgo para la transparencia de las competencias.

Esta contradicción merece atención porque el problema ya no puede abordarse exclusivamente desde la perspectiva del resultado deportivo. Está relacionado con la administración de los recursos, la regulación económica, las responsabilidades de los operadores, las condiciones laborales de los deportistas y la capacidad de las instituciones para prevenir conductas que comprometan la legitimidad de una competencia.

En Colombia existe un marco normativo para esta actividad. La Ley 643 de 2001, modificada en lo pertinente por la Ley 1753 de 2015, incorporó las apuestas deportivas y los juegos operados por internet dentro de las modalidades de juegos de suerte y azar sometidas a la administración y regulación de Coljuegos. El artículo 38 establece las condiciones para la operación de juegos novedosos por internet y contempla la obligación de contar con autorización y contrato de concesión. Por su parte, el Decreto 1068 de 2015 compila disposiciones relacionadas con las apuestas en eventos deportivos y su operación mediante terceros. No estamos, por tanto, ante una actividad que carezca de regulación. Existe una estructura jurídica que reconoce el mercado, establece condiciones para su funcionamiento y permite que el Estado participe de sus rendimientos económicos.

El asunto es que regular la actividad comercial no equivale, automáticamente, a proteger la integridad deportiva. Una plataforma puede cumplir sus obligaciones contractuales y tributarias, operar bajo autorización y ofrecer sus servicios conforme a las reglas vigentes. Pero eso no significa que el sistema deportivo cuente necesariamente con mecanismos suficientes para identificar presiones sobre los atletas, detectar posibles conflictos de interés, investigar comportamientos sospechosos o proteger a quienes denuncien intentos de manipulación. Por ejemplo, un atleta con ingresos inestables, obligaciones económicas y escasa protección institucional puede convertirse en un objetivo vulnerable frente a quienes buscan influir indebidamente en una competencia ¿Cómo prevenir esta situación?

Aquí aparece una responsabilidad que compromete directamente a clubes, ligas, federaciones y organizaciones deportivas. ¿Cuántas de estas instituciones cuentan con protocolos efectivos para prevenir el amaño? ¿Sus deportistas reciben formación sobre los riesgos de las apuestas y las consecuencias de compartir información privilegiada? ¿Existen canales confidenciales para denunciar presiones, ofrecimientos económicos o contactos sospechosos? ¿Los dirigentes saben identificar patrones de riesgo o esperan a que aparezca un escándalo para reaccionar?

El trabajo de prevención tampoco puede recaer exclusivamente sobre los organismos deportivos. Los operadores legales de apuestas tienen una posición estratégica porque disponen de información sobre comportamientos y movimientos inusuales en sus mercados. Como se planteó en el debate académico del Externado, estos pueden convertirse en aliados de los mecanismos de detección y prevención, siempre que exista cooperación institucional, intercambio de información bajo garantías legales y procedimientos transparentes.

Lo anterior supone reconocer que los intereses comerciales y la protección del deporte deben encontrar puntos de responsabilidad compartida. A los operadores les corresponde desarrollar mecanismos de control y colaborar con las autoridades; a Coljuegos le compete fortalecer la vigilancia del mercado bajo su competencia; los organismos deportivos les corresponden proteger sus competencias y a sus integrantes; y, a las autoridades de investigación, actuar cuando existan elementos que indiquen posibles conductas delictivas.

La regulación colombiana también ha tenido movimientos recientes en materia económica. El Decreto Legislativo 240 del 12 de marzo de 2026 estableció, para ese año, un impuesto nacional al consumo del 16 % sobre los juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet, con una base gravable calculada sobre los ingresos brutos del juego, es decir, las apuestas menos los premios pagados. La disposición forma parte de las medidas tributarias adoptadas durante la emergencia económica y está sometida a control constitucional. Es un cambio que demuestra la relevancia fiscal adquirida por esta industria, pero también plantea una discusión sobre las prioridades de la administración pública. El recaudo es necesario, pero no puede convertirse en el único indicador de éxito de la política regulatoria.

Además, hay una discusión que merece mayor profundidad: ¿qué relación debe existir entre los recursos generados por las apuestas y la financiación del deporte colombiano? La destinación de recursos provenientes del monopolio rentístico tiene una estructura legal y no debe confundirse con una transferencia automática a los clubes o a las federaciones. Precisamente por eso, es necesario que las autoridades expliquen con claridad cuánto se recauda, cuál es la destinación legal de esos recursos y qué resultados sociales se obtienen.

Hay otro asunto que no debe pasar inadvertido: la publicidad de las apuestas y su presencia en los espacios de consumo deportivo. Cuando una transmisión convierte las cuotas en parte habitual de la conversación, cuando las plataformas aparecen asociadas a clubes y competencias y cuando apostar se presenta como una extensión natural de ser aficionado, se modifica la relación cultural con el deporte. La discusión sobre la protección de menores de edad y la prevención del juego problemático debe formar parte de cualquier política seria de responsabilidad social en esta industria.

El reto colombiano consiste en pasar de una regulación concentrada en autorizar, recaudar y sancionar a una política integral que también prevenga, eduque, proteja y genere confianza. Esto exige coordinación entre el Estado, los operadores, las organizaciones deportivas y los propios deportistas. Exige protocolos de integridad, formación permanente, garantías laborales, mecanismos de denuncia y capacidad real de investigación.

Una competencia deportiva pierde su sentido cuando el resultado deja de depender del esfuerzo, la preparación y las reglas conocidas por todos. El daño no se limita a quienes pierden una apuesta o a quienes ven frustradas sus expectativas. Se afecta la confianza de los aficionados, la credibilidad de las instituciones y el valor social del deporte.