Lápices corrientes a $1.300: Kits escolares ponen en aprietos a exgobernador de Boyacá

El ex gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados. Cortesía Extra.

La Contraloría General de la República abrió proceso de responsabilidad fiscal contra el exgobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados, quien tendría que responder por recursos que se perdieron por presunta falta de seguimiento y supervisión a dos contratos de servicios educativos para proveer kits escolares.

Las irregularidades fueron detectadas en contratos celebrados con las fundaciones ITEDRIS y LUMIERE, cuyas cuantías suman $5 mil 552 millones de pesos, con el fin de atender a los estudiantes matriculados en las instituciones educativas oficiales de los municipios del departamento.

De acuerdo con la CGR, “no sólo se evidenció la entrega de materiales contratados por fuera de las condiciones previstas en la contratación, sino que se pudo constatar el incumplimiento de los perfiles de los facilitadores, la inobservancia de la reglamentación establecida por la Secretaría de Educación para el reporte de información y entrega de materiales a supuestos estudiantes no registrados en el Sistema de Matrícula Estudiantil – SIMAT”.

Además, el ente de control fiscal encontró casos de estudiantes no registrados, pero sí contabilizados para pago por parte de las Fundaciones. También verificó la falta de correspondencia entre los números de identificación reportados y los efectivamente registrados, entre otras irregularidades evidenciadas.

No entregaron lo contratado

Según lo establecido en el contrato, la Fundación LUMIERE debía entregar a cada uno de los estudiantes los Kits escolares compuestos de una camiseta contramarcada, cinco cuadernos cosidos de 100 hojas cada uno, un lápiz, un borrador y un sacapuntas.

La Contraloría informó que “se pudo evidenciar que los estudiantes no recibieron la totalidad de los elementos contratados en los mencionados Kits” y que la Gobernación “no obtuvo contraprestación alguna por parte del contratista”.

Dicha omisión no solo representó un incumplimiento contractual, sino que afectó los derechos de la población beneficiaria de los programas educativos, según lo indicado por el ente de control.

En solo cuadernos, por ejemplo, se dejaron de entregar 1.839 unidades, equivalentes a casi $5 millones de pesos. Esto afectó directamente a 613 estudiantes.

“Los errores en la validación del número de estudiantes atendidos, por su parte, llevaron a que la Gobernación pagara a favor del contratista servicios que no habían sido prestados y que no correspondían a la atención efectiva de los estudiantes en los términos de la contratación”, indicó Contraloría.

Hubo sobreprecios

La Contraloría evidenció sobreprecios en los Kits facturados por la Fundación ITEDRIS, como fue el caso de los lápices para los estudiantes, que a precios de mercado se consiguen en $338 pesos y fueron pagados por la Gobernación a $1.300 pesos cada uno.

Este también fue el caso de los marcadores de colores, que cuestan $1.220 pesos y se pagaron a $2.000. También los esferos, que valen en el mercado $422 pesos y se compraron con recursos públicos a $1.200.

“Las irregularidades evidenciadas en la ejecución de los mencionados contratos se habrían presentado como consecuencia de la falta de seguimiento de parte de la Gobernación, lo que trajo consigo no sólo la pérdida de más de $420 millones de pesos de los boyacenses, sino sobre todo el desmejoramiento de la calidad educativa del departamento”, resaltó la Contraloría en un comunicado.

Presuntos responsables

De conformidad con lo establecido por la Contraloría General de la República al culminar su investigación, al proceso de responsabilidad fiscal que se apertura como consecuencia de la misma, son vinculados no solamente las fundaciones contratistas, FUNDACIÓN LUMIERE y FUNDACIÓN ITEDRIS, sino también el Supervisor de los contratos Guillermo Palmiro Cortés Páez y la entonces Secretaria de Hacienda de la Gobernación, María Anayme Barón Durán.

Igualmente, se vincula al Gobernador de la época, Juan Carlos Granados, que en su condición de ordenador del gasto habría desatendido su deber de vigilancia y control  al desarrollo de los contratos.