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Los grupos armados ilegales amenazan el proceso electoral del próximo 27 de octubre en Colombia, donde el 36 % de los municipios del país están en riesgo por la presencia de siete organizaciones criminales, entre ellas la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC.
El defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, advirtió este miércoles en la presentación de un informe de alertas tempranas sobre la situación electoral del país que «el 36 % de los municipios del país está en riesgo electoral por presencia de grupos armados ilegales».
La advertencia se registra dos días después del asesinato de Karina García Sierra, candidata a alcaldesa del municipio de Suárez, en el convulso departamento del Cauca (suroeste), y cinco de sus acompañantes.
También ocurre tan solo horas después del ataque con explosivos a la vivienda de Betsaida Montejo Pérez, aspirante a la alcaldía del municipio colombiano de San Calixto, que está ubicado en Norte de Santander (fronterizo con Venezuela).
«Este documento (alertas tempranas) debe convertirse en una herramienta de prevención para que la próxima jornada electoral se defina por el debate de las ideas, de las propuestas por un mejor país, y no por la presión de los delincuentes», dijo Negret.
El próximo 27 de octubre los colombianos irán a las urnas para elegir alcaldes de más de 1.100 municipios, 32 gobernadores, así como representantes a las asambleas departamentales y a los concejos municipales.
La advertencia es el resultado de investigaciones en el terreno hechas por la Defensoría del Pueblo entre los pasados 1 de enero y 15 de agosto, aunque Negret aclaró tajantemente que «no hay grupo armado capaz de causar riesgo en nuestra contienda electoral».
El monitoreo realizado por la entidad también permitió registrar 258 «conductas vulneratorias» entre amenazas, ataques, corrupción al sufragante, homicidios y otras relacionadas con las elecciones.
«En total, 147 precandidatos, candidatos o miembros de organizaciones políticas fueron objeto de conductas vulneratorias», detalló la Defensoría.
El organismo también estableció que 78 municipios están en nivel de «riesgo extremo», 176 están en «riesgo alto», y 164 en «riesgo medio».
Esto se debe a que en esas zonas hay disputas entre grupos armados ilegales y la fuerza pública, así como economías ilegales, vulnerabilidad de la sociedad y poca presencia del Estado.
Entre quienes están en riesgo en las regiones hay candidatos e integrantes de partidos políticos, además de excombatientes de las FARC, líderes sociales y defensores de derechos humanos que hacen parte de grupos étnicos involucrados en la contienda electoral.
Para la Defensoría es preocupante la «violencia contra líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos» porque entre enero y agosto de este año se han registrado 52 casos que afectaron a precandidatos, candidatos, miembros de procesos políticos, veedores ciudadanos o impulsores de iniciativas ciudadanas quienes «fueron víctimas de conductas vulneratorias a sus derechos»
De acuerdo con el trabajo realizado por el organismo, encargado de la protección y divulgación de los derechos humanos, los grupos ilegales que «tienen la capacidad de injerencia o perturbación» en la jornada electoral de octubre son el ELN, las disidencias de las FARC y el Ejército Popular de Liberación (EPL), guerrilla desmovilizada en su mayoría en 1991 y cuyo reducto es considerado una banda criminal por el Gobierno.
Igualmente, están organizaciones surgidas de la desmovilización de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2006, como los Caparros, los Pachenca, los Rastrojos, la Oficina del Valle de Aburrá y otras «expresiones armadas sin posibilidad de determinar su origen o nombre».
Los departamentos en mayor riesgo son los de Antioquia, Chocó, Bolívar, Sucre, Nariño, Norte de Santander, Cundinamarca, Cauca, Meta, La Guajira y Valle del Cauca, que en su mayoría son los más afectados por la violencia del conflicto armado.
Al respecto, el alto consejero presidencial de Seguridad Nacional, Rafael Guarín, aseguró que la violencia afecta a regiones como el Bajo Cauca Antioqueño, el Pacífico nariñense, la región del Catatumbo y el departamento de Arauca, estas últimas dos fronterizas con Venezuela.
«Son regiones en donde hay economías ilícitas y una fuerte presencia de grupos armados organizados que son los que están detrás de las acciones de violencia que se han registrado, acciones violentas que tiene como propósito el control de las economías ilícitas en esos territorios», dijo Guarín.
Sobre los recientes hechos violentos contra líderes sociales y candidatos de partidos políticos, el Sistema de las Naciones Unidas en Colombia condenó y lamentó esas situaciones, así como pidió investigar y sancionar a los responsables de estos hechos violentos. EFE
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