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Opinión

La tecnología de la Lucha contra la Corrupción

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Nicolas Pérez Conéctate 680x382

¿Aumentamos las penas de los delitos contra la administración pública y el proceso electoral? ¿Reducimos el tamaño del Estado para que sea más fácil controlar la actuación de las entidades? ¿Fortalecemos los órganos de control? ¿Endurecemos el régimen de conflicto de intereses y prohibimos la puerta giratoria?

Estas son varias de las opciones que siempre se traen a colación cuando como sociedad discutimos qué medidas tomar para combatir la corrupción. Sin embargo, si las analizamos en detalle todas han sido adoptadas en la historia reciente de Colombia y poco ha cambiado.

Nada más por mencionar unos pocos casos, la Ley 890 del 2004 aumentó las penas de estos delitos, la Ley 790 de 2002 permitió en ese entonces reducir el tamaño del Estado, con la Ley 1474 del 2011 se expidió el Estatuto Anticorrupción y la Ley 1712 del 2014 adoptó medidas para fortalecer la transparencia de las entidades.

A pesar de esto, según un informe de la Contraloría del 2017 el país pierde entre $40 y $50 billones de pesos anuales por corrupción y, hasta el año pasado, en promedio solo se lograban recuperar el 4 % de los recursos robados.

¿Qué hacemos entonces frente a esta realidad? Evidentemente el problema no recae en falta de leyes ni de voluntad política. Por eso, no debemos seguir enfocando esta discusión en discursos que nos llevan al mismo punto muerto de cambiar eternamente las normas existentes.

Por el contrario, tenemos que aprovechar las nuevas herramientas digitales de nuestra era como el Blockchain, el Big Data, las Redes Neuronales y la Inteligencia Artificial, para modernizar el Estado, dotarlo de dientes para lograr actuar a tiempo frente a acciones que amenacen el buen uso del dinero de los colombianos. En otras palabras, pongamos la tecnología al servicio de la lucha contra la corrupción.

Un buen ejemplo de esta propuesta es lo que ha implementado la Contraloría de Carlos Felipe Córdoba con la plataforma Océano, la cual realiza un análisis de datos en tiempo real que permite identificar riesgos en la operación que generen posibles nichos de corrupción.

No obstante, la adopción de nuevas tecnologías para supervisar la contratación pública no se ha de limitar a los organismos de control, sino que el Gobierno Nacional también debe modernizar sus plataformas. Entre más controles haya, menor es la probabilidad de robo.

Estas tecnologías, cabe resaltar, ya se están usando masivamente a nivel internacional. Por ejemplo, Estonia, Estados Unidos, China, India, Suiza, Dinamarca, Dubái, Gibraltar, entre otros ya están implementando el Blockchain para mejorar la gestión de diversos aspectos del Estado.

Por ello, no debemos temerle a una modernización que está mejorando la gestión pública en todas las latitudes. Mientras que es imposible que una persona supervise en tiempo real todos los contratos que se hagan en el País, sí es factible que una plataforma digital lo haga.

Con esto: reducimos costos, aumentamos la efectividad del control y protegemos el erario público.

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