La Policía colombiana trabajará en DDHH y mejorar relaciones con la sociedad civil

Bogotá, 22 ago (EFE).- La Policía colombiana reiteró su compromiso con implementar el respeto de los derechos humanos en su actuar y anunció un plan para mejorar las relaciones con la sociedad civil, gracias a un programa apoyado por organismos de la ONU y financiado por el Gobierno de los Estados Unidos.

Se trata de una iniciativa que pretende profundizar la formación en derechos humanos y en el que participan diversas organizaciones de la sociedad civil para ayudar a recuperar la confianza en la Policía por parte de algunos sectores de la población, después de las denuncias de vulneraciones de derechos humanos de esta fuerza vivida en situaciones como las protestas sociales o en casos recientes de asesinatos.

De hecho, el pasado 25 de julio varios agentes policiales asesinaron a tres jóvenes en el departamento de Sucre (norte), alegando que eran integrantes del grupo criminal Clan del Golfo, un crimen por el que el nuevo director de la Policía, el mayor general Henry Armando Sanabria, fue a pedir este fin de semana disculpas a las familias.

Según explicó en un acto Sanabria, este programa busca «incorporar estándares de derechos humanos para la doctrina policial», donde «la sociedad civil dialogará y expresará confianza con la policía» y también se «educará y capacitará» a este cuerpo «para que cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos».

Además, incorpora el fortalecimiento de un observatorio de derechos humanos, se creará un centro de estándares mínimos y se hará énfasis en la rendición de cuentas de aquellos agentes que cometan infracciones de derechos humanos.

«Aquí no estamos hablando de una reforma más, estamos hablando de una transformación, y no cualquiera transformación, una transformación integral en derechos humanos», aseguró el representante adjunto de la Oficina de la Alta Comisionada para los DDHH de la ONU en Colombia, Juan Carlos Monge.

TRANSFORMACIÓN INTEGRAL

El Gobierno de Iván Duque anunció una «transformación integral» de ese cuerpo, después del paro nacional del año pasado donde organismos internacionales denunciaron el uso abusivo de la fuerza por parte de la Policía contra manifestantes, y organizaciones sociales reportaron más de 80 muertos por violencia policial.

Por lo que esta transformación no es nueva, sino que es la continuación de la política anunciada por el anterior gobierno, para la cual Estados Unidos ya había anunciado el pasado mes de febrero un paquete de asistencia por 8 millones de dólares.

Sin embargo, el subsecretario de Asuntos Internacional de Narcóticos del Gobierno de EE.UU., Todd Robinson, aseguró, durante el acto celebrado este lunes en la sede de la Policía en Bogotá, que el gobierno estadounidense ampliará la ayuda a 10 millones para «contribuir a construir el camino para que la población colombiana pueda vivir en paz».

«Hoy nos enorgullece anunciar el inicio de una alianza con el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP) y la oficina de la Alta Comisionada para los DDDHH que busca elevar los derechos humanos como un principio transversal en la política nacional», dijo este representante, quien es parte de una misión que visita Colombia para reunirse con el nuevo Ejecutivo colombiano, presidido por Gustavo Petro.

Así, este programa busca «fortalecer el conocimiento de la policía en los mejores estándares en derechos humanos y asegurar que los procedimientos de la policía se llevan a cabo con el mayor respeto a los derechos humanos», aseguró el subsecretario.

Y también hizo hincapié en que «hacer que los oficiales de la policía rindan cuentas de sus actuaciones revigoriza la confianza pública en sus instituciones de seguridad».

Petro ha prometido una policía basada en la «seguridad humana» y quiere, aún sin ninguna reforma puesta en práctica, sacar a la Policía del Ministerio de Defensa, un hecho que hoy también resaltó el representante adjunto de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, cuando aseguró que «es consecuente su traslado a un ministerio de índole civil».

Además, pidió que se suspendan «los ascensos de aquellos oficiales que se encuentren con investigaciones activas de vulneraciones de derechos humanos».