La paz y el bienestar ciudadano es la tarea de la institucionalidad

El periódico El Colombiano, en su edición del domingo 12 de junio de 2022, trae una denuncia muy grave, en la medida que expresa sumariamente que la institucionalidad de la ciudad, claramente representada en el alcalde y el consejo de Medellín, está incurriendo en una serie de actuaciones contrarias a la búsqueda de la paz y el bienestar ciudadano, fines sagrados de la institucionalidad y de todos los servidores públicos:

“… La apuesta política del suspendido alcalde Daniel Quintero es que gane Gustavo Petro y para ello está moviendo todas sus fichas: se reúne con políticos y concejales en un edificio de El Poblado para presionarlos por apoyo al Pacto Histórico, aun a riesgo de perder el cargo, dadas las investigaciones que adelanta la Procuraduría.
Ese afán desesperado, como lo califican sus contradictores políticos, por aportar a la campaña de Petro también es la forma de asegurar que en el futuro tenga el respaldo presidencial para conservar el poder local, de cara a las elecciones por la Alcaldía, cuyo partidor está a la vuelta de la esquina, pues en octubre comienzan a correr las inhabilidades.

Por eso desde el pasado 10 de mayo cuando la Procuraduría lo suspendió del cargo de forma preventiva, Quintero le ha dado rienda suelta a sus actividades proselitistas. El centro de operaciones ya no es el piso 12 de la Alcaldía sino el edificio C13, en El Poblado, en una de cuyas oficinas sostiene reuniones con abogados y aliados políticos”.
La denuncia no se queda en este tenor; va más allá, afectando a un grueso grupo de concejales, es decir, al equipo gerencial de la ciudad, como suele llamarse al conjunto edilicio:

“EL COLOMBIANO conoció que Quintero viene citando, uno a uno, a los concejales cercanos a su gobierno con un objetivo: que salgan públicamente a respaldar la campaña de Petro para arrastrar los votos ante la amenaza que representa la aspiración de Rodolfo Hernández en Medellín, ciudad que le ha sido esquiva a los intereses del Pacto Histórico de cara a las presidenciales.

El argumento que el suspendido alcalde les habría esgrimido a los convocados tiene cara de ultimátum: o son aliados y lo demuestran o se van a la orilla contraria, lo que podría acarrearles problemas futuros, no solo en cuotas burocráticas, sino en sus posibles aspiraciones a la Alcaldía”.

La comunidad, que ya no soporta mucho que le pongan los dedos en la boca, entiende que estos movimientos son intolerables para una ciudad como Medellín, acostumbrada a gobernantes y concejos ocupados en defender sus intereses, su historia y su honor. La ciudad, nuestra antaño Tacita de Plata, hoy con graves problemas de violencia, educación, inestabilidad administrativa y caos, venida a menos precisamente por este tipo de prácticas denunciadas por el diario que fundara don Francisco de Paula Pérez, no entiende a un concejo y a un alcalde que hoy no se perciben en franca y diaria lucha por el bienestar de los ciudadanos. La ciudad ya no resiste tanto desgobierno. Es claro que la ciudadanía está adquiriendo mucha cultura política y eso va en contravía con las malas prácticas de concejo y alcalde (suspendido, sí; pero aún su titular), pensando y actuando en otras cosas que no contribuyen en nada a la paz y al bienestar social.

El Alcalde (que no está destituido, solamente suspendido, reitero) y los concejales de la ciudad, cuya obligación es trabajar, querer y hacer respetar a nuestra Bella Villa, como solía llamar mi padre a la ciudad, no pueden seguir dando pasos en falso; no pueden continuar equivocando el rumbo. La obligación perentoria y juramentada del uno y de los otros, es trabajar día y noche por los intereses de la ciudad; nunca por cálculos mezquinos o personales. El rumbo y la obligación son claros, por si no lo sabían, y se resumen en que: La paz y el bienestar ciudadano es la tarea de la institucionalidad.

Puntada final: a todas estas, el diputado de Antioquia, Luis Eduardo Peláez, que pertenece al partido Dignidad y que antes estaba en las toldas del Polo Democrático, “denunció que recibió amenazas en su contra y dijo que, en su consideración, están basadas en la queja disciplinaria que presentó en contra de Daniel Quintero hace algunas semanas por presunta participación política y que fueron tenidas en cuenta por la Procuraduría para la suspensión temporal del alcalde de Medellín”.