La nueva guerrilla: ¿De quién es realmente la culpa?

El anuncio de algunos de los más sanguinarios cabecillas de las FARC la semana pasada es un hecho que muchos colombianos esperaban, más si se tiene en cuenta que desde el año 2018, cuando gobernaba el Presidente Juan Manuel Santos, alias “Iván Márquez” y alias “El Paisa” empezaron a hacerle zancadillas al Acuerdo de Paz y ni hablar del caso de alias “Jesús Santrich”, quien también durante el gobierno Santos, fue capturado tras ser descubierto por las autoridades de los Estados Unidos organizado operaciones de narcotráfico.

Pero más sorprendente que el anuncio de estos cabecillas terroristas, fue la reacción aireada de algunos sectores políticos, periodistas, académicos, ONGs y demás, que con absoluta irresponsabilidad y cinismo no tardaron de señalar al Expresidente Uribe, al Presidente Duque y en general al Centro Democrático de ser los culpables de este saboteo a la paz, como lo fue el caso del Senador Gustavo Bolívar quien se despachó contra estos en sus redes sociales haciendo uso de los más bajos epítetos ante un hecho que solo es digno de las novelas que por años escribió antes de llegar al Congreso de la República.

Sin embargo, parece que todos estos sectores y en general la opinión pública azuzadas por la oposición y en especial el Senador Gustavo Petro ignoran que el anuncio de las FARC es la muestra fehaciente de que el Acuerdo de Paz de La Habana nació muerto y destinado a fallar, y la culpa de su fracaso no ha sido, de ninguna manera, la férrea oposición del Expresidente Uribe, ni la implementación de políticas dentro del Gobierno Duque destinadas a corregir el Acuerdo.

Nuestras miradas deben dirigirse al cúmulo de hechos, instituciones y personajes que han contribuido al deterioro del Acuerdo, empezando por la Jurisdicción Especial para la Paz- JEP, que se ha valido de toda suerte de artimañas jurídicas para garantizar condiciones de impunidad y que incluso ahora, a pesar del anuncio de los cabecillas guerrilleros mantiene sus beneficios.

Otra mirada es necesaria a la Corte Suprema de Justicia, quienes con una orden de captura tardía y hasta inútil pretenden reparar el haber dejado en libertad a “Jesús Santrich” tras la decisión del Consejo de Estado (un culpable más) que confirmó que Santrich tenía investidura de congresista, lo cual terminó en su posesión en la Cámara de Representantes, ante la mirada indignada del país.

Y finalmente, los alfiles, que desde el Congreso de la República han ignorado las zancadillas que los jefes guerrilleros han hecho al Acuerdo, como el Senador Iván Cepeda, quién acompañó a Santrich en todas sus diligencias ante la Fiscalía General de la Nación, la Senadora Aida Avella, quien celebró la llegada de Santrich al Congreso y los partidos de oposición al Gobierno quienes repetidamente arengan que el Gobierno no está comprometido con la paz y que cada zancadilla descarada de las FARC es culpa de Uribe, junto con el favor de algunos medios de comunicación y periodistas que repiten al unísono que los culpables no son los que volvieron a delinquir a las montañas si no Uribe.

¿Acaso Uribe ayudó a alias “El Paisa” a desaparecerse del radar de las autoridades durante el Gobierno Santos? ¿Acaso Uribe les pidió a Iván Márquez y Jesús Santrich dedicarse al narcotráfico para sabotear el Acuerdo? ¿Acaso Uribe les pidió al Consejo de Estado, la JEP y la Corte Suprema de Justicia darle toda suerte de garantías a los jefes guerrilleros, darles la libertad e incluso autorizar su posesión como Congresista para luego dejarlos huir a Venezuela? ¿Por qué nadie culpo al presidente Santos cuando Iván Márquez y “El Paisa” se volaron?

Es hora ya de tomar una posición más objetiva frente a los continuos sabotajes de las FARC al Acuerdo de Paz y dejar de lado la conclusión apresurada y hasta absurda de que Uribe es el culpable, desconociendo el cúmulo de instituciones y personajes que han contribuido desde la firma del Acuerdo, que fue rechazado por los colombianos en las urnas, a que las FARC se tomen la institucionalidad del país en un ambiente de enormes garantías para ellos, y mínimas garantías para el Estado y las instituciones democráticas.

El Gobierno del Presidente Iván Duque fue elegido mayoritariamente por los colombianos para modificar los Acuerdos, y de ninguna forma, las intenciones de modificarlo o la aplicación de la ley para quienes no lo cumplen deben ser interpretados como atentados a la paz, sino por el contrario como el respeto a la voluntad democrática de los colombianos que en repetidas ocasiones ha dicho Si a la Paz, pero con legalidad, pero parece que en nuestro tiempo, la legalidad no interesa a la oposición y a algunas instituciones si no mantener toda suerte de garantías para las FARC en nombre de la paz, aunque ello implique que hoy sea un partido político con un brazo armado “La Nueva Guerrilla”.

@ivanmguzman