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La Fiscalía de la CPI «no puede apartar la mirada» de los crímenes contra los líderes sociales

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Manifestantes con pancartas y banderas de Colombia salieron el domingo a dar la bienvenida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ha llegado al país para verificar los hechos ocurridos durante las protestas civiles en Colombia. EFE/ Carlos Ortega

La Haya, 8 jun (EFE).- La fiscal jefa de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, sigue atenta al desarrollo de los procesos judiciales bajo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia y advierte en una entrevista con Efe que está pendiente de los crímenes cometidos contra líderes sociales.

“La tortura y el asesinato de defensores de derechos humanos es un tema muy grave del que la Fiscalía de la CPI no puede apartar la mirada”, indicó la jurista.

El programa no gubernamental Somos Defensores cuantificó en 199 los asesinatos de líderes sociales en Colombia durante 2020, la cifra más alta de la última década, cometidos supuestamente por paramilitares, grupos disidentes de las FARC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), entre otros.

La fiscal jefa de la CPI indicó que “matar o atacar a defensores de derechos humanos es realmente un crimen muy grave” al que su oficina “nunca le ha dado la espalda”.

Puso como ejemplo que, en su investigación en Darfur, ha presentado cargos contra sospechosos de un ataque contra una base de la misión de paz de la Unión Africana con ocho víctimas mortales.

“Se podría pensar que no es un número demasiado alto, pero enfatiza la importancia de no atacar a fuerzas de paz. Las fuerzas de paz son traídas y los defensores de derechos humanos están ahí por una comunidad que está sufriendo”, indicó la fiscal jefa de la CPI.

El tribunal con sede en La Haya se rige por el principio de complementariedad, es decir, no interviene si un país bajo examen preliminar, como es el caso de Colombia, hace investigaciones fehacientes de crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Los Acuerdos de Paz de 2016 entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC conllevó la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un mecanismo de justicia transicional para procesar delitos graves cometidos en el marco de conflicto armado.

La fiscal jefa del tribunal de La Haya definió la JEP como “un desarrollo muy interesante” debido que “va en la dirección de intentar traer justicia”.

“Son pasos que se toman a nivel nacional y que podrían ser muy importantes para determinar la cuestión de la admisibilidad de situaciones ante la CPI”, añadió, es decir, para decidir si el expediente se clausura o se convierte en una investigación formal.

El examen preliminar a Colombia se abrió en 2004, por lo que es el más largo en la historia del tribunal internacional. Bensouda reconoció que “no puede durar para siempre”, pero justificó que “la situación sobre el terreno es compleja y las áreas relevantes” son “muy amplias”.

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