La familia del joven grafitero Diego Felipe Becerra, muerto por un policía (Wílmer Alarcón), está feliz porque el caso volvió a manos de la justicia ordinaria. “Se están enderezando las cosas”.
Es un logro jurídico muy importante, dijo Gustavo Trejos, padre del niño, “no sólo para el caso de nuestro hijo que desgraciadamente ya está muerto, sino para que a futuro las víctimas puedan reclamar justicia y puedan ellas mismas hacer la solicitud de competencia y que procesos de violación de Derechos Humanos se manejen a nivel de la justicia ordinaria y no la militar”.
Trejos declaró su preocupación porque –explicó- “no existen las mismas garantías si el proceso lo está manejando la Fiscalía, a que el proceso lo estén manejando directamente, como nosotros pudimos ver y presenciar, los policías. Solamente una juez civil, que recibía las declaraciones, hacía parte del proceso de investigaciones”.
Agregó que la familia ha venido diciendo desde el principio y se está demostrando, que la escena del crimen fue modificada por los policías “ Falta todavía mucha información que salga a la luz pública y que la gente conozca verdaderamente qué fue lo que sucedió. Es lamentable que no sólo asesinaron a nuestro hijo, sino que posteriormente manipularon la escena del crimen e hicieron su montaje, todo para tratar de demostrar que nuestro hijo era un delincuente y ocultar el asesinato que habían hecho previamente”.
A manera de resumen:¿Qué es lo que está claro hasta el momento?
De acuerdo con el reporte que da la Procuraduría General de la Nación, está claro que nuestro hijo no estaba en la buseta, no llevaba un arma, está completamente claro que no hubo un enfrentamiento entre nuestro hijo y el Agente de Policía y está completamente claro que la escena del crimen fue manipulada por parte de Agentes de la Policía Nacional.
¿Qué viene ahora en el proceso?
Nosotros estamos solicitando que se profundice en tres aspectos: la manipulación de la escena del crimen, el asesinato de nuestro hijo, que lo toma la justicia ordinaria y la unidad de apoyo que es por el supuesto atraco a la buseta. Estamos solicitando que los procesos sean llevados en la misma Fiscalía, la 295, y con toda la información –fluyendo en un mismo sitio- podemos garantizar que no habrá manipulación, se hará justicia y se conocerá toda la verdad.
El Procurador General, Alejandro Ordóñez, dijo antes a los medios de comunicaciones que el caso no quedará en la impunidad. Su despacho halló mérito para formular pliego de cargos contra el patrullero “por incumplir con los parámetros básicos de actuación de la fuerza pública como son el respeto a la vida y el uso de la fuerza establecido en los reglamentos”.
«En las normas que rigen a la Policía el uso de la fuerza y armas de fuego tiene carácter excepcional para prevenir la comisión del delito o restablecer el orden público evitando su uso indiscriminado y de acuerdo con el principio de proporcionalidad, aplicando siempre la medida de control menos rigurosa posible», señaló la Procuraduría.
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