La causa contra Funes por un pacto de pandillas en El Salvador avanza a instrucción

La causa penal contra el expresidente salvadoreño Mauricio Funes (2009-2014) por los delitos supuestamente cometidos al impulsar una tregua entre las pandillas avanzó a la etapa de instrucción, informó este viernes el órgano judicial.

La decisión fue tomada por una corte antimafia, que no dictó ninguna medida contra el exmandatario a raíz de que no ha sido notificado adecuadamente.

La fuente indicó que el tribunal publicará una serie de edictos en los periódicos para que sirvan de «notificación oficial» y posteriormente realizará una audiencia para evaluar las medidas solicitadas por la Fiscalía y una eventual orden judicial de detención.

Funes es acusado, al igual que su exministro de Seguridad y de la Defensa, el general retirado David Munguía Payés, de los delitos de agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes.

El expresidente de izquierda, nacionalizado en Nicaragua, acumula al menos cinco ordenes judiciales de detención por diversas acusaciones, incluida la de malversar más de 351 millones de dólares del presupuesto estatal.

Entre 2012 y 2014, las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias mantuvieron un pacto de no agresión que, de acuerdo con datos del Gobierno, redujo los homicidios sensiblemente.

La reducción de la violencia por el supuesto acuerdo de las pandillas llamó la atención de todo mundo, pero detrás estaba, según las acusaciones de la Fiscalía, un acuerdo con el Gobierno.

Esto supuestamente incluía beneficios carcelarios para los líderes presos, inversión pública en las comunidades bajo el control de estas bandas y una menor presencia de las fuerzas de seguridad en estos sitios.

El expresidente Funes negó, tras declarar en la Fiscalía en 2016, que su Gobierno haya dado prebendas a líderes de pandillas encarcelados a cambio de una disminución de los homicidios y dijo que el papel de su Ejecutivo fue el de acompañante del proceso.

No obstante, en el juicio contra los operadores de la tregua Munguía Payés declaró como testigo y cambió la versión oficial al señalar que el armisticio fue una política de Gobierno de «pacificación».

Tras la ruptura de la tregua, las cifras de homicidios se duplicaron en 2014, se dispararon a 103 por cada 100.000 habitantes en 2015 y a 81 en 2016. Estos fueron los dos años más violentos en la historia reciente del país centroamericano.

EFE