Cunde el pánico.
Se están agotando las existencias de Lomotil y Ritmonol en las inmediaciones del Concejo Distrital de Bogotá. Por ese entorno cunde el pánico ante el accionar de los investigadores. Muchos concejales saben que entre sus actividades se dan silvestres los conflictos de intereses, que van desde la participación en los llamados “carruseles de la contratación” hasta el tráfico de influencias.
Guerra de nervios.
Con estos presupuestos, las “asustadurías” recogen más evidencias, dándole más pábulo a una verdadera guerra de nervios. En el recinto del Concejo capitalino ya se habla, por ejemplo, de la “inminente” creación de un nuevo pabellón (el edilicio) en La Picota para albergar más temprano que tarde a concejales y funcionarios que han tenido que ver con temas que se han venido denunciando desde el mismo seno de esa corporación, relacionados con las fechorías de los Nule, las empresas de Acueducto y Alcantarillado, Energía, Movilidad y demás dependencias conectadas directamente con la administración de la familia Moreno Rojas.
Paranoicos.
Un contertulio le contó al barquero que la paranoia edilicia es de tales proporciones que ya tienen “campaneros” situados estratégicamente en los alrededores de la sede del Concejo, ubicada entre los barrios Teusaquillo y La Soledad. Los vigías hacen disimuladas rondas permanentes con el fin de verificar y poder dar aviso oportuno de la temida presencia de los efectivos del CTI que llegan por ellos, a fin de desalojar velozmente el edificio y poner pies en polvorosa. Recientemente, ante una falsa alarma, un transeúnte que pasaba por el cabildo vio salir en gran tropel a muchos corporados y pensó que se trataba de un simulacro de terremoto, promovido por el edil Felipe Ríos.
La gravedad.
Asiste toda la razón al diario El Espectador cuando llama la atención del ministro Vargas Lleras ante su declaración, según la cual, “no sabíamos que la situación era tan grave”, a propósito de los últimos asesinatos de candidatos a alcaldías y corporaciones públicas.
El editorialista le dijo al alto funcionario, a propósito de su frase, que “la situación no es tanto como hace una década, cuando eran unos 300 los alcaldes que no podían despachar desde sus municipios y el agregado de concejales y alcaldes muertos sumaban 577 en el período 1986-2002. Pero sí lo suficiente para que tengamos todavía elecciones bajo amenaza y la política permanezca en riesgo”.
Inventario.
Cabe recordar la actividad criminal desplegada contra el sistema democrático colombiano: después de los 300 mil muertos que dejaron las disputas entre liberales y conservadores y el magnicidio de Gaitán, en las décadas del cuarenta y cincuenta, este escabroso tema tuvo su pico más alto cuando asesinaron en serie a varios candidatos presidenciales: Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Galán, Pizarro y el líder conservador Álvaro Gómez, hasta llegar a impedirle, bajo amenazas de muerte, al candidato Serpa continuar con una marcha pacífica. El secuestro y asesinato de los diputados del Valle. Los plagios de los congresistas Corzo y Lizcano, pasando por el secuestro en pleno vuelo del senador Gechem, hasta llegar al secuestro de Ingrid Betancourt.
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