El barquero estuvo recorriendo los pasillos del sistema electoral colombiano y llegó hasta la sala de audiencias, donde escuchó opiniones de este tenor:

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La segunda instancia.
Igualmente, le corresponde al Consejo Nacional Electoral resolver posibles desacuerdos o revisar escrutinios, convirtiéndose en la segunda instancia en los escrutinios departamentales.
En ninguna parte (léase bien) la Registraduría Nacional del Estado Civil responde por los escrutinios, porque sería juez y parte. El ente electoral organiza las mencionadas comisiones, pero -además- la legitimidad del proceso de escrutinio es el resultado de un proceso administrativo en audiencia pública y del que se expiden día a día actas de escrutinio parcial.
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Más ilustración.
No es posible, por la celeridad, desconocer el derecho a elegir y ser elegido, hecho reflejado en los recursos que puedan interponer los testigos electorales o los apoderados de los candidatos. Un reclamo de celeridad puede, además, dejar impunes los fraudes y los cacareados “canguros”, como el reciente en la lista de Cambio Radical en Bogotá.
Dicen los observadores que lo que pretende el Ministro es que se soslayen fraudes que deben ser estudiados por los jueces y notarios en las comisiones escrutadoras.
Queda bien claro, entonces, que la Registraduría es ajena a todos los reclamos de Vargas y el Ministro lo sabe, pero no es explícito exigiendo a quienes debe exigir celeridad y él sabrá por qué.
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Una historia repetida.
En las últimas elecciones parlamentarias la confrontación se dio entre dos miembros importantes de Cambio Radical, quienes se enfrentaron por una curul en el Senado: el opita Rodrigo Lara Restrepo (hijo del inmolado ministro homónimo) y el valluno Carlos Fernando Motoa (hijo de Miguel Motoa Curi).
Ahora la disputa es por la séptima curul entre dos copartidarios de Cambio Radical en el nuevo Concejo de Bogotá. El escandaloso episodio se dio en la localidad de Engativá por la violación perpetrada a la media noche del 4 de noviembre cuando se adulteraron los sistemas informáticos para introducirle modificaciones fraudulentas a los resultados de los candidatos de ese Partido, quitándole votos a uno para ponérselos a otro.
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¿Quién es quién?
El aspirante al Cabildo Distrital favorecido en este turbio episodio es de apellido Losada, cuyo apoderado resultó ser un conocido litigante electoral de apellido Portela. Como quien dice, blanco es, frito se come y gallina lo pone.
¿Tendrán huevo estos escrutinios? Nadie se explica por qué el doctor Carlos Fernando Galán hace tanto “hincapié” en denunciar este fraude.
¡Averígüelo Vargas!
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