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Opinión

Justicia y democracia

Por: Iván de J. Guzmán López

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Preocupa la aplicación de la justicia. Una justicia a medias, manipulada, o, simplemente no aplicada, pone en jaque a la democracia. Esta sentencia, que parece extrema, no lo es si glosamos los centenares de casos donde la impunidad es la única constante, mientras que los ciudadanos y los medios (escandalizados) se preguntan a diario, ¿dónde está la justicia? Son cientos, por no decir miles, las investigaciones abiertas contra funcionarios públicos del orden local y nacional, sin que, sospechosamente, esas investigaciones prosperen. Y lo peor, el escándalo de hoy, es cortina de humo para el de ayer, y es entonces cuando esos acusados de ayer, aparecen hoy como candidatos a corporaciones públicas, alcaldías, gobernaciones y hasta presidencia. Raramente, una democracia, soportaría una cadena de corrupción al interior de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial mismo, como se observa a menudo en muchos países del continente. Ninguna democracia (a no ser que fuese de papel), resiste una justicia inficionada, politizada, a extremos de soportar a altos servidores públicos en sus cargos, no obstante la carga de corrupción que llevan a sus hombros.

Recordemos que “la justicia como valor democrático”, es un nivel que se debe alcanzar y está vinculado estrictamente al valor del bien general. La Justicia sirve para lograr el equilibrio entre las distintas partes, para asegurar que más allá de las diferencias, tengamos los mismos derechos y obligaciones y para que se tome en cuenta el interés general, no sólo el de las partes”. El columnista mejicano Mario Luis Fuentes, va más allá y argumenta que “la justicia no sólo es un concepto inherente al de la democracia en la vida cotidiana de los estados, sino que constituye el basamento sobre el cual descansan todas las decisiones del aparato institucional, desde el más alto nivel de decisión en el Ejecutivo o el Legislativo, hasta el más operativo de los espacios de las administraciones públicas municipales”.

En suma, la rama judicial, pilar de cualquier democracia, debe ser cuidadosa en su código de ética; debe ser dotada de toda herramienta necesaria, y sus agentes deben tener muy claro que ellos son el sustento de una democracia fuerte y saludable. Otra conducta contraria, está erosionando al país, porque destruye lentamente, como un cáncer, el tejido social y democrático. Recordemos: la democracia es una joya preciada que debemos cuidar día a día, y el aparato judicial debe dar cuenta de ese brillo permanente o de ese desaguisado peligroso y destructor.

La pena de tantas familias que padecen una justicia ligera, que no se interesa por demostrar culpabilidades y lanza a tanta gente inocente a las cárceles y al escarnio social; la tristeza de saber que un delincuente es apresado, en un esfuerzo grande de los agentes del orden (y que muchas veces implica pérdida de vida de fuerza pública), para, en apenas hora ser dejado en libertad, no es poca. El dolor de patria que produce en el ciudadano común, el observar a altos “servidores públicos” atornillados en sus cargos, no obstante soportar investigaciones por corrupción de 10 y hasta 15 años, no tiene justificación alguna. En cualquiera parte del mundo (excepto en las democracias mermeladas y anémicas), lo lógico ante un hecho manifiesto de corrupción, para bien de su sistema jurídico y su institucionalidad, sería la renuncia o suspensión de los servidores cuestionados mientras se les adelanta el debido proceso, para evitar así la confusión entre el oscuro interés particular y la respetabilidad que deben encarnan las instituciones públicas.

¡Justicia! ¡Justicia!, pide la democracia.

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