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Justicia de paz abrirá tres nuevos casos contra las FARC, fuerza pública y terceros

La JEP tiene abiertos siete macrocasos que involucran a más de 300.000 víctimas.

FARC
Fotografía de archivo fechada el 1 de febrero de 2017 que muestra a guerrilleros de las FARC formados en la población de Pondores, departamento de La Guajira (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Bogotá, 18 feb (EFE).- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal creado para juzgar crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado colombiano, anunció este viernes la apertura de tres macrocasos donde meterá todos los delitos cometidos por las FARC, la fuerza pública y grupos paramilitares.

Estos macrocasos agruparán «las violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al derecho internacional humanitario cometidas por integrantes de las extintas Farc-EP, miembros de la fuerza pública, así como terceros civiles y agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública», anunció en una rueda de prensa la magistrada Belkis Florentina Izquierdo.

Los tres nuevos macrocasos se añaden a los siete que actualmente tiene abiertos esta justicia transicional creada por el acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 con la entonces guerrilla de las FARC.

Los procesos comenzarán a estudiarse después de las audiencias de víctimas y organizaciones sociales que hay convocadas a lo largo de este mes y principios del que viene en varias ciudades del país para que éstas puedan aportar material que documente violaciones de derechos durante el conflicto, sin importancia del actor armado.

LOS NUEVOS MACROCASOS

El primer nuevo macrocaso investigará «crímenes cometidos por las extintas FARC», tales como violencia sexual, homicidios, masacres, desaparición forzada, desplazamiento, etc.

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Para investigar estos delitos la JEP tiene datos preliminares de 9.763 víctimas de desaparición forzada entre 1980 y 2016 por parte de las FARC, y 36.491 casos de homicidio entre 1964 y 2016, siendo 2002 el año más crítico.

Igualmente tiene información de 399 masacres entre 1995 y 2013; 52.911 víctimas de desplazamiento forzado entre 1980 y 2016, y 1.412 hechos de violencia sexual con 1.923 víctimas entre 1990 y 2015, según detalló el presidente de la JEP, magistrado Eduardo Cifuentes.

El segundo macrocaso atañe a «miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado o en asociación con grupos paramilitares y terceros civiles» y también investigará violencia sexual, asesinatos, masacres, desapariciones forzadas, torturas, despojo de tierras y desplazamiento.

En este caso, se parte también preliminarmente de «43.209 hechos victimizantes que habrían sido perpetrados de manera directa por integrantes de la fuerza pública entre 1985 y 2010, y 10.368 en connivencia con los paramilitares», indicó Cifuentes, quien dijo que el desplazamiento es el hecho más repetido.

El último de los nuevos macrocasos, según detalló hoy la JEP, indagará los crímenes cometidos contra pueblos y territorios étnicos, como «masacres y asesinatos selectivos e indiscriminados contra autoridades, lideresas e integrantes de pueblos étnicos, destrucción a la naturaleza, territorio y daño socioambiental», entre otros delitos.

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Cifuentes, en este caso, aseguró que «entre 1970 y 2016 aproximadamente 1.193.301 personas pertenecientes a los pueblos étnicos de Colombia fueron víctimas del conflicto armado», en al menos 215.520 hechos y la mayoría de víctimas también son de desplazamiento forzado.

Pero también se investigarán 17 masacres, 502 homicidios, 34 desapariciones forzadas cometidas por las FARC a estos pueblos y 13 masacres, 238 homicidios y 27 desapariciones forzadas donde supuestamente estarían involucrada la fuerza pública.

La JEP tiene abiertos siete macrocasos que involucran a más de 300.000 víctimas.

El más avanzado, el que investiga los secuestros y delitos asociados como torturas o violencia sexual por parte de la guerrilla, ya cuenta con la imputación de la última cúpula de las FARC, que ha reconocido su responsabilidad, por lo que se esperan sentencias este año.

El otro Aanzado involucra al Ejército en las ejecuciones y desapariciones forzadas de inocentes para hacerlas pasar por bajas en combate, los llamados «falsos positivos».

Hasta la fecha, la JEP ha emitido dos autos donde se acusa a 25 militares, incluido el general retirado Paulino Coronado y los excoroneles Publio Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa, y un civil, de los cuales 22 han reconocido su responsabilidad.

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