Juez ordenó extinción de dominio sobre finca del ‘Cartel de Medellín’

Foto de referencia. EFE/Archivo

Minuto30.com-. Por solicitud de la Fiscalía, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Antioquia ordenó traspasar al Estado la finca Candalaima, ubicada en el sector San Lucas del barrio El Poblado, por considerar que el predio fue adquirido con recursos ilícitos del desaparecido ‘Cartel de Medellín‘.

El inmueble aparecía a nombre de Arturo C., desde el 30 de diciembre de 1992.

Los investigadores establecieron que el supuesto propietario es un sordomudo que trabajaba como lavador de carros,  que solo sabe firmar y que para la época de los hechos no contaba con los recursos económicos suficientes para adquirir el predio,  que  estaba avaluado en la suma de $85.048.000.

Dos años después de la presunta compra, el propio Arturo C. dijo a la Fiscalía que no tenía propiedades  y que solo le dieron 100 mil pesos para que fuera a firmar un documento en una  notaría del municipio de Envigado.

Entre las pruebas  aportadas por el organismo investigador para solicitar la extinción del derecho de dominio aparece una falsa denuncia de un presunto testaferro del ‘Cartel de Medellín’, que fingió un secuestro para luego argumentar que debió entregar la finca a los supuestos delincuentes para que lo dejaran en libertad.

También aparece una declaració de José Fernando Posada Fierro, lugar teniente de Pablo Emilio Escobar Gaviria, quien aclaró que Esaú de Jesús Correa, alias ‘Pancho’, le entregó al capo la mencionada propiedad como parte de pago de una deuda que tenía con el máximo cabecilla del cartel de las drogas.

Sobre el papel que jugó el supuesto propietario de la finca para engañar a las autoridades, el fallador destaca lo siguiente: «Esta ausencia de justificación aunado a sus declaraciones iniciales y su condición de trabajador informal (lavador de carros) es lo que permite concluir válidamente que los predios tienen un origen ilícito, pues es claro que estamos frentea un presta nombres, quien por promesa remuneratoria de $100.000 suscribió escritura pública de compraventa en condición de comprador, cuando jamás ejerció el derecho real de dominio».

De acuerdo con el fallo, el inmueble pasará al estado a través del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y lucha contra el Crimen Organizado (Frisco) y será administrado por la Sociedad de Activos Especiales S.A.S (SAE).

Con información de la Fiscalía General de la Nación