Resumen: Escándalo de los carro tanques de la UNGRD salpica a altos funcionarios, incluidos los presidentes de Senado y Cámara, y la Consejera Presidencial para las Regiones. Se pide la renuncia de los implicados tras denuncias de supuestos sobornos. La Presidencia declara cero tolerancia a la corrupción y se forma una Mesa Técnica de Coordinación para investigar el caso.
Luego de conocerse que el escándalo de los carro tanques de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), salpica a los presidentes del Senado y Cámara, y la Consejera Presidencial para las Regiones, varios sectores piden la renuncia de los mencionados.
Tal y como se comprometió con la Fiscalía General de la Nación para acceder a un principio de oportunidad, Esneyder Pinilla, empezó a prender el ventilador y salpicó a Iván Name, a Andrés Calle y a Sandra Ortiz, por supuestos sobornos de 4 mil millones de pesos.
Pinilla, quien estuvo hasta el pasado seis de marzo como subdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD, afirmó que usó dineros de la entidad para pagar millonarios sobornos, pues su entonces jefe, el exdirector de la entidad, Olmedo López, le ordenó entregar 1.000 millones de pesos a Calle y 3.000 millones de pesos a Name.
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Reacciones por presunta corrupción de los presidentes de Senado y Cámara
La situación ha generado todo tipo de reacciones, uno de los que se pronunció, fue el senador del partido Alianza Verde, Jota Pe Hernández, quien a través de un video en redes sociales pidió a los funcionarios que se aparten de sus cargos:
“En mi condición de Congresista y como integrante del Senado de la República, le solicito al Presidente del Senado Iván Name y al Presidente de la Cámara Andrés Calle, que en un ACTO DE ÉTICA, se aparten de las presidencias del congreso mientras se realizan las investigaciones!”, fue el texto con el que acompañó el video publicado.
Recordemos que ante las declaraciones de Pinilla, la Presidencia volvió a declarar su cero tolerancia ante la corrupción y que el Presidente Gustavo Petro ordenó la formación de una Mesa Técnica de Coordinación encargada específicamente de articular acciones destinadas a documentar casos de uso indebido de recursos públicos.
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