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Fotografía de archivo del presidente del partido Comunes, Rodrigo Londoño. EFE/ Carlos Ortega

Bogotá, 3 jun (EFE).- La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) negó este viernes la solicitud de Rodrigo Londoño Echeverri, conocido en su época de guerrillero con el alias «Timochenko» y máximo jefe de Comunes, partido surgido de la desmovilización de las FARC, para salir del país y participar en una conferencia en Londres.

Londoño, según detalló el organismo, pidió el pasado 27 de mayo permiso para salir del país para poder participar en la «Conferencia Impacto en Reconciliación y Construcción de Paz en Inglaterra», que se llevará a cabo entre el 11 y el 17 de junio de 2022 en Londres.

El antiguo dirigente guerrillero indicó que como presidente del partido Comunes fue invitado por la Universidad de Winchester al evento.

Por su parte, la Sala de Reconocimiento de la JEP «consideró que Rodrigo Londoño debe quedarse en el país atendiendo las solicitudes de las víctimas de secuestro, y de la JEP, de cara a la preparación de la audiencia de reconocimiento de los días 21, 22 y 23 de junio», indicó el organismo este viernes.

La JEP, creada por el acuerdo de paz para juzgar crímenes de guerra, convocó a una audiencia pública al antiguo secretariado de las FARC en el marco del Caso 01 que investiga por el secuestro, la toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad por parte de la guerrilla.

Están citados a «rendir versiones voluntarias 52 antiguos mandos medios de los bloques Noroccidental, Occidental, Oriental, Sur, Magdalena Medio y Caribe de las antiguas FARC», entre ellos Timochenko.

Las audiencias estaban previstas en un primer momento para el 31 de mayo, el 2 y 6 de junio, aunque esta misma semana la JEP anunció que se aplazaban por una «posible amenaza o riesgo de vida de los comparecientes».

Las nuevas fechas son el 21, 22 y 23 del presente mes.

Según se conoció, la decisión se tomó después de que exmiembros de las FARC denunciaran el pasado 31 de mayo ante el organismo estas amenazas, por lo cual la Sala de Reconocimiento ordenó a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP «realizar un estudio de seguridad y presentar un informe».

Las FARC financiaban gran parte de su actividad guerrillera con los secuestros de civiles de todas las condiciones sociales y también tomaban cautivos a políticos, policías y militares al terminar los sangrientos asaltos a pueblos remotos de todo el país, e incluso hicieron alianzas con bandas de delincuencia común que se dedicaban a traficar secuestrados.

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