Irresponsable y empobrecedor

Por: Rafael Nieto Loaiza

Esta semana, Gustavo Petro reiteró su oposición a la explotación de hidrocarburos en Colombia. Propuso «cesar la exploración de petróleo” y, después de parar la exploración, dejar de exportar para dedicar las reservas petroleras, que según él son de 12 años, «a sostener la demanda interna”.

Las propuestas de Petro son socialmente irresponsables y económicamente insostenibles. Solo contribuirían a disparar exponencialmente la pobreza, y profundizarían la desigualdad entre los departamentos y municipios más vulnerables del país.

Es falso que tengamos 12 años de reservas petroleras. Según el Ministerio de Minas son apenas de 6,3 años, la mitad. Con corte a 31 de diciembre del 2020, las reservas probadas de crudo alcanzaron 1.816 millones de barriles, un 11 % menos que en el 2019. Un mal dato porque deberíamos aumentar y no disminuir las reservas para garantizar la autosuficiencia energética a mediano y largo plazo.

Para eso hay que hacer exactamente lo contrario a lo propuesto por el candidato de la izquierda radical: aumentar sustancialmente la exploración petrolera, exploración que viene en caída libre. A agosto solo se registraban 15 pozos exploratorios de 40 programados para este año, apenas el 11% de los 130 que se necesitan para mantener la producción. Muy grave si se considera que el tiempo que transcurre entre el inicio del proceso y la extracción del primer barril de petróleo es en promedio de seis meses en Canadá y Estados Unidos y, en cambio, en Colombia es de 6 años. Los mejores precios de este año están reactivando el sector, pero no lo está haciendo a la velocidad deseada.

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Las razones del rezago exploratorio son varias, desde la caída del precio del crudo hasta el aumento de los costos de producción por las incertidumbres y demoras en los trámites de permisos y consultas y las altas tarifas de los oleoductos, pasando por los efectos de la inseguridad, los bloqueos y entornos con frecuencia muy hostiles. El descenso de la producción ha sido constante desde el 2016, cuando se alcanzaron a producir un millón de barriles diarios. En este 2021 la producción, que debería ser de 777 mil barriles, se ha mantenido en un promedio de 729 mil.

La verdad es que Colombia no tiene hoy, ni tendrá por lo menos en los próximos diez años y seguramente más tiempo, con qué reemplazar los ingresos que, por vía de impuestos, regalías, transferencias y dividendos de Ecopetrol, recibe de los hidrocarburos. Recursos fundamentales, por cierto. Para 2022, por ejemplo, se proyectan ingresos tributarios derivados del petróleo equivalentes al 0,4% del PIB y que la cifra llegue hasta el 0,6% del PIB en 2023. En materia de dividendos solo el año pasado Ecopetrol entregó a la Nación 6,5 billones y 11,4 billones en el 2019. Para el bienio 2021-2022, solo en materia de regalías hay 22 billones. Mal usadas, por cierto, porque a estas alturas solo se han ejecutado 2,3 billones, el 10%. Si se usaran eficientemente, no se necesitaría esta nueva reforma tributaria que busca recoger 15 billones, 4 billones menos de los que están disponibles de regalías.

En materia de exportaciones la importancia del sector de hidrocarburos es esencial. Las principales exportaciones de Colombia son, de lejos, petróleo crudo y refinado de petróleo, el doble de que las briquetas de carbón y cuatro veces más que el café, por ejemplo. En el periodo enero-junio 2021, las ventas del grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas fueron de US$8.282,4 millones, el 46% de las exportaciones totales. En general, el sector de hidrocarburos mueve en la última década entre el 40 y el 50% de todas las exportaciones. En plata blanca, no hay como reemplazar los dólares de las exportaciones de hidrocarburos y del carbón. Si no los recibiéramos, el déficit comercial se duplicaría y el precio del dólar se dispararía, con un aumento sustantivo de la inflación.

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Ahora, más allá del análisis macroeconómico, la pepa del problema en que nos metería la propuesta del “economista” Petro está en sus consecuencias sociales: la caída de los ingresos por frenar la explotación petrolera aumentaría la inflación, agudizaría los déficit comercial y fiscal y debilitaría aún más el peso, y, lo más grave de todo, dispararía la pobreza y de la desigualdad. Obligaría a cubrir esos faltantes con más impuestos en un país que no aguanta uno más. O con deuda externa que, en todo caso, más temprano o más tarde también se paga con impuestos. Un país como Colombia no puede darse el lujo de ahondar la pobreza por cuenta de dejar enterrada sus fuentes de riqueza.

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