Inseguridad, la pandemia de siempre (2)

En la pasada columna hice un recuento de lo que ha acontecido a lo largo de los años en Colombia en materia de orden público y seguridad ciudadana. Dije que el discurso de las “causas objetivas de la violencia” casi nos condena a tener que vivir por siempre con criminales de distinto pelambre encima. También manifesté cómo, con certeza por cuenta de la seguridad democrática, y con ingenuidad por la negociación con las Farc, creímos los desafíos al Estado por parte de grupos armados ilegales eran parte del pasado, y entonces la prioridad sería la seguridad ciudadana.

Sin embargo, tal y como lo expresó el exviceministro de Defensa, Alejandro Arbeláez, la “seguridad nunca está consolidada”. En consecuencia, hoy tenemos tantos o más problemas de orden público y muchos y más visibles de inseguridad cotidiana. ¿Qué hacer? ¿Qué puede funcionar?

En primer lugar, no hay de otra que controlar el vasto territorio rural para poner a raya a guerrilla y bandas criminales en lo que es su objetivo estratégico, capturar las rentas de alguna actividad ilegal. En eso es clave no sólo recuperar con las Fuerzas Militares esos espacios, sino una vez se tenga presencia estatal en todas las dimensiones, dejar a los carabineros de la Policía Nacional para que siempre estén en la tarea de consolidar la presencia institucional.

Aquí sería importante y fácil de lograr, como la expuesto el General (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán, la conversión de un número importante de soldados profesionales en carabineros. Necesitarían formación en convivencia ciudadana, derecho de policía, asistencia técnica rural, entre otros asuntos que deberán conocer, por ser en la práctica la autoridad que quedaría en la Colombia profunda.

En segundo término, quiero destacar algunas medidas que nos arrojaron resultados sorprendentes en el paso por la Alcaldía de Rionegro para combatir los fenómenos de inseguridad ciudadana.

Por sugerencia del General (r) Martínez, creamos las “gerencias contra el delito”. Entendimos el fenómeno delincuencial en la ciudad y en los hogares, sus manifestaciones, sus horarios y sus frecuencias, para terminar definiendo tres gerencias. La primera, al mando del Subcomandante de Policía de la ciudad, agrupaba todos los hechos que afectaban la integridad física de las personas (homicidios, lesiones personales, violencia doméstica y abuso sexual). La segunda, coordinada por el Gaula Militar y la Fiscalía, recogía todas las acciones delictivas en contra del patrimonio de las personas (secuestro con fines extorsivos, extorsión, y los hurtos en sus distintas modalidades). La última, manejada por la SIJIN y el CTI, encerraba toda la lucha contra el microtráfico y sus estructuras delincuenciales.

De lo anterior, quedaron grandes enseñanzas. La primera, es que la seguridad requiere de un gran esfuerzo de liderazgo y coordinación por parte del gobernante, todos los días, para obtener resultados. No hubo semana en que no sostuviéramos al menos cuatro consejos o reuniones de seguridad para proteger a los ciudadanos. En cuanto a los homicidios, por ejemplo, logramos reducirlos de 50 en 2015 (al recibir nuestro gobierno) a 11 en 2019, 78% menos, ubicando la tasa por cada 100 mil habitantes en 8.2, cifra que al ser de un dígito y según la Organización Mundial de la Salud -OMS-, permite dejar de considerar este delito como un problema de salud pública.

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La segunda, es que los problemas hay que visibilizarlos para enfrentarlos. Registramos con un riguroso sistema de información los casos de violencia sexual y doméstica. Motivamos la denuncia, así nos escandalizara, para atenuar la gravedad del asunto desde lo penal y desde las Comisarías de Familia.

Finalmente, aprendí que hay herramientas administrativas muy importantes y eficaces. En mi paso por la Secretaría de Gobierno Departamental y por la Alcaldía nunca me tocó presenciar un proceso de extinción de dominio a un domicilio donde se expendiera vicio. Por fortuna, el nuevo Código de Policía les dio la facultad a los alcaldes de derribar “casas de vicio” sólo con un informe de policía judicial. En Rionegro derribamos no menos de 20 y les devolvimos la dignidad a barrios enteros que por generaciones habían cargado con el moquete de ser expendios de droga. De golpe, pusimos a correr a los miembros de los tres grupos delincuenciales que en la ciudad se dedicaban a ese oficio.

En síntesis, cuando la justicia no es disuasiva -que es lo ideal- las herramientas administrativas usadas con determinación, sí que lo son.

@AndresJRendonC