Destituyeron e inhabilitaron a exgobernadora de La Guajira

Oneida Pinto, exgobernadora de La Guajira, fue destituida e inhabilitada por 10 años debido a que la Procuraduría falló en su contra en primera instancia.

A la exgobernadora se le comprobaron irregularidad en un contrato por $20.453.932.366, suscrito para la “implementación de estrategias de aprovechamiento de las TIC para el desarrollo del sector educativo mediante el corredor digital en el departamento de La Guajira».

Este contrato se celebró con la Fundación Empresarial de Nuevas Tecnologías de la Información de Colombia (FUNTICS) el 8 de marzo de 2016, proceso contractual en el que faltó a “los principios de transparencia y responsabilidad de la contratación estatal”.

Lo anterior porque la Procuraduría estableció que no existía análisis, estudio ni justificación por parte de la Gobernación para determinar imparcialmente la necesidad de este contrato.

Además, al proceso solo se habría presentado esta empresa por lo que no había oportunidad para “comparación de ofertas para elegir”.

Incluso, en su momento, la delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública presentó un informe en el que se exponía que en el proceso licitatorio podrían presentarse irregularidades, pero se continuó con el mismo.

La exgobernadora de La Guajira fue calificada como falta disciplinaria gravísima a título de culpa gravísima.

El fallo cobija también a la exsecretaria de Educación, Bely Gneco; al exdirector Operativo, Gilbert José Meza Cerchar, y al profesional universitario de la administración departamental, para la época de los hechos, Gerardo Cujia Mendoza, sancionados con destitución e inhabilidad general por el término de nueve años.

Cabe mencionar que la decisión puede apelarse ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular.

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#EsNoticia 📰| Procuraduría sancionó con destitución e inhabilidad por 10 años a la exgobernadora de La Guajira (2016), Oneida Rayeth Pinto Pérez, al comprobar irregularidades en un contrato por más de 20 mil millones de pesos.
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— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) May 24, 2022