El pasado 21 de noviembre el Ministerio de Salud presentó un informe con corte a septiembre del presente año, donde expone la situación de las 25 EPS activas en el país. Los principales indicadores de este informe son preocupantes, pues revelan las condiciones financieras establecidas por ley para operar adecuadamente, y llama la atención que de 25 EPS solo 7 cumplen con el régimen de inversiones; cinco pertenecen al régimen contributivo, una al régimen subsidiado y una mixta.

Cada año se presentan más de un millón de quejas contra las EPS por desatención en los servicios de salud, más de 3000 quejas diarias, igualmente resulta alarmante la deuda acumulada con las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) tanto públicas como privadas y mixtas, puesto que esta situación necesariamente se traduce en una afectación directa de la atención de sus afiliados.

Frente a SAVIA SALUD, el análisis al componente financiero muestra que, entre enero y septiembre, se mantiene el incumplimiento de SAVIA frente al capital mínimo requerido, patrimonio adecuado y régimen de inversiones. Para septiembre de 2022, la administradora de recursos registraba una brecha de $565.337 millones en capital mínimo y $735.367 millones en patrimonio adecuado. En lo que respecta a las acreencias con las IPS, el monto asciende a $579.647 millones

Este panorama parece aún más problemático al caracterizar a sus 1.673.345 afiliados y hallar que alrededor del 92% corresponden al régimen subsidiado, es decir que los pacientes más expuestos a recibir atención en salud en precarias condiciones o a una mayor negación del acceso al derecho fundamental a la salud, corresponde a este régimen.

En consecuencia, por los incumplimientos de esta EPS, la Superintendencia señala haber recibido un total de 25.778 quejas por fallas en la atención de salud, de las cuales cerca de 10.000 corresponden a riesgo de vida y el 90% de las quejas corresponden a la restricción en el acceso a los servicios de salud.

Estas preocupantes cifras prenden las alarmas sobre la inminente intervención sobre SAVIA pues a menos de dos meses y medio que se cumpla la medida de vigilancia impuesta por la Superintendencia de Salud, este informe no es nada alentador. Es fundamental tomar decisiones encaminadas a salvaguardar el derecho fundamental a la salud.

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Redacción Minuto30

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